Remezón ministerial, Nuevo esquema de gobierno, propuesta de Asamblea Nacional Constituyente.

Por Álvaro Sepúlveda Franco, abril 28 de 2023

“Centro para la transformación del conflicto y la construcción de paz”

Es natural que luego de algo más de 200 años de gobiernos antipopulares y oligárquicos no sea fácil realizar cambios estructurales en Colombia. Era previsible que los partidos tradicionales en alianza con los grandes grupos económicos y sus medios de comunicación persistieran en defender el antiguo estado de cosas en el país: los monopolios, el mercadocentrismo, la conversión de la salud en un negocio, el desmedido extractivismo minero energético, el tratamiento feudal del agro, la concentración de la riqueza, los fortines electorales, la deforestación, la desigualdad, la corrupción, etc.  En algunos casos en punibles alianzas con agentes del narcotráfico y el paramilitarismo-

Los avances sociales que se consiguieron desde 1936, con los ingredientes de Estado de Bienestar y Estado interventor de la Revolución en Marcha, fueron reformas que provinieron no de una buena voluntad socialdemócrata, sino de la necesidad de contener la insatisfacción generalizada, y de apaciguar las consiguientes protestas (inspiradas en movimientos como las revoluciones mexicana y rusa), al tiempo que se mantenía el poder y el sojuzgamiento de las clases populares. 

Pero lo esencial de estos avances reformistas empezó a ser revertido, en especial a partir de los años ochenta y noventa con las políticas neoliberales de privatización de lo público y reducción del Estado a sus funciones mínimas. Poco a poco fueron perdiéndose beneficios, derechos y conquistas sociales de los trabajadores y, correlativamente, favoreciéndose a los megaempresarios y al sector financiero, todo lo cual incrementó la desigualdad (reflejada, por ejemplo, en el coeficiente de Gini) y llevó los índices de corrupción a límites extremos. 

Ha sido justo para oponerse a estas realidades que más de once millones de votantes apoyaron en las urnas una propuesta progresista que proponía el impulso de reformas que permitieran reconquistar los derechos ciudadanos perdidos. Y cuando empieza a hacerlo, sobreviene la más feroz oposición             –previsible, repetimos– por parte de sectores conservadores, gremios económicos, prensa y sectores de ultraderecha que desde la sombran fraguan y planean incluso un eventual golpe de estado blando. Se ha emprendido toda una cruzada, política y mediática, contra el actual Gobierno del Cambio. Esto se ejemplifica con el reciente nombramiento por unanimidad de los comités regionales del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros que administra el fondo parafiscal del café, un reconocido uribista de ultraderecha, contrariando la solicitud del presidente de aplazar la elección hasta la posesión del nuevo ministro de Hacienda.

En cualquier sistema político un jefe de Estado debe conocer y ejercer habilidades de ajedrecista. Conducir un Estado implica realizar movimientos estratégicos; por ejemplo, remover de sus cargos a altos funcionarios y hacer nuevos nombramientos. Es lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro el miércoles 26 de abril al retirar de su gabinete a siete de sus ministros de las carteras de Hacienda, Agricultura, Interior, Salud, Ciencia, TIC y Transporte, respectivamente.

Se trata de una decisión polémica, pero necesaria en la coyuntura, dado que algunas de las fuerzas políticas con las que se había concertado una coalición para defender en el Congreso las propuestas de reformas, partidos liberal, conservador y de la U, fueron retirando su apoyo. Pues como lo expresó el ex senador Gustavo Bolívar: “Querían tener un pie en el gobierno y el otro en los grupos económicos”. Había que recomponer el gabinete ministerial y quedarse con gente de completa confianza, con un equipo que garantice lealtad con los programas de gobierno, que crea en las reformas, y estén dispuestos a impulsarlas y defenderlas; además, los nuevos ministros, fuera de su cercanía personal con el presidente, poseen un perfil técnico y cuentan con amplia experiencia en el sector público.

Sin embargo, al disolverse la coalición de gobierno quedan en riesgo las reformas estructurales, tanto las tres que cursan trámite parlamentario (salud, laboral y pensional) como las que faltan por presentarse: la rural y agraria, la política, la de justicia, la del código minero, la de transición energética justa, la de paz total.

Ante el hecho de que no haya mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado, los sectores gubernamentales llaman a que la ciudadanía se pronuncie en las calles como única forma de que se salven los cambios democráticos por los cuales se eligió al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Pero lo cierto es que esa convocatoria, aunque es válida, es de escasas incidencias, y no es la única que ofrece el ordenamiento constitucional vigente; también está acudir al constituyente primario y convocar una Asamblea Nacional Constituyente acotada.

Si las reformas no las aprueba un Congreso cooptado por fuerzas retardatarias y continuistas, que lo haga directamente el pueblo a través de sus delegados constituyentes. Las reformas toman tiempo, y durante estos primeros ocho meses se ha visto lo difícil que es intentar desmontar el modelo neoliberal. Los partidos de la coalición evidenciaron que prefieren las cuotas de las multinacionales y del gran capital a acompañar al gobierno con los cambios que requiere la nación.

Es preciso superar concepto de “Estado de opinión”, y apuntar hacia un verdadero Estado de derecho fundado en una democracia radical y participativa. Hay que demostrar que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, y además hay que pensar desde ya aunque suene un poco prematuro en la continuidad del progresismo en el poder, ojalá por primera vez en cabeza de una mujer.  Las reformas y la Constituyente requieren al menos tres años además, deben defenderse en el próximo periodo, Por esta razón desde ahora, proponemos los nombres de Verónica Alcocer, Francia Márquez, Carolina Corcho y Clara López como futuras candidatas a la presidencia de la república para el periodo  2026-2030.

Por último, y al margen de lo acertado o no que puedan parecer las remociones y los nuevos nombramientos (es lamentable, en particular, la salida de la ministra Carolina Corcho, quien se destacó por su elevado compromiso, coherencia y defensa de la salud como derecho fundamental), invitamos a respaldar al Gobierno del Cambio inicialmente con una gran marcha el próximo primero de mayo. No se trata ahora de denunciar el despojo de derechos como en las décadas del neoliberalismo, sino a expresar nuestro apoyo a un proyecto comprometido con reformas sociales que beneficiarán a las grandes mayorías tradicionalmente abandonadas.