A raiz de la pandemia por el COVID 19, el gobierno nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, expidió el DECRETO 806/2020 por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia,
El decreto busca facilitar el acceso a la justicia a través de medios virtuales en medio de la crisis de salubridad para así garantizar la agilización de los trámites de procesos judiciales.
Se trata de la virtualización y digitalización de la justicia para todas las actuaciones, audiencias y diligencias, garantizando el debido proceso, lo que implica un cambio cultural y tecnológico de litigantes y funcionarios, así como de los ciudadanos que deben apropiarse de las tecnologías de la información y la comunicación.
La administración de justicia recibirá cuantiosos recursos por un prestamo del BID y otros contempados en la recientemente aprobada reforma a la justicia, que seran destinados a la transformación digital de la justicia, lo que garantizará más transparencia, trazabilidad y eficiencia.
Recientemente, colegios de abogados y funcionarios judiciales le solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura que se mantenga la justicia digital, dado el positivo balance de la justicia en medio de la virtualidad, que beneficia a funcionarios, abogados y ciudadanos; una prueba de ello es el exponencial aumento de las audiencias virtuales.