Emergencia económica y social para conjurar la crisis de salud

Ante la vergonzosa decisión de la comisión séptima del Senado el pasado 3 de abril de archivar el proyecto de Reforma a Salud, la eventual salida masiva de Entidades Promotoras de Salud tras la intervención a las dos más grandes y la solicitud de retiro y liquidación de Compensar (entre las tres con cerca de 20 millones de afiliados), y ante las dificultades económicas y millonarias pérdidas de las pocas EPS que quedan, se dificulta la prestación de servicios de salud a millones de colombianos. Por lo tanto, estaríamos avocados a una verdadera crisis social y de salud pública. 

El artículo 215 de nuestra Carta Política dispone que cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico, el Presidente con la firma de todos sus ministros puede declarar el estado de emergencia hasta por 90 días al año. Durante este periodo el Presidente puede dictar decretos de ley destinados a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Con esta disposición, sería posible implementar medidas temporales, urgentes y necesarias, para hacer frente a la crisis del sector de la salud.

La Reforma a la salud fue rechazada con nueve votos contra cinco por parlamentarios del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Justa y libre, y ASI partidos políticos y congresistas que recibieron millones de pesos para sus campañas por la multinacional española Keralty, propietaria de Sanitas, (lo que está prohibido por la ley). Además, sin declararse impedidos (por lo cual cursan demandas por perdida de investidura), luego de recusaciones e impedimentos infundados, de mentiras, y sin presentar alternativas distintas a continuar con un sistema que agoniza en medio de la corrupción y el deterioro de los servicios médicos debido al mal manejo que las EPS han hecho de los recursos públicos de la salud desde sus inicios en 1993.

Se da el traste así a muchos años de concertación con varias organizaciones del sector salud y de la sociedad civil, y a casi dos años de intentar acuerdos con los partidos políticos en un esfuerzo de unidad nacional que no se pudo concretar porque pesan más los compromisos corporativos, la politiquería y el deseo de afectar e incluso derrocar al gobierno.

La declaratoria del estado de excepción o de emergencia económica y social podría generar una profunda transformación estructural y de funcionamiento de ese sistema, llevándolo hacia un modelo preventivo y predictivo, que mejoraría sustancialmente su calidad y eficacia.

En lo económico, la medida podría implicar que se giren fondos estatales para salvar a las EPS, ampliar la cobertura, acabar con la integración vertical que favorece la intermediación financiera de las EPS, mejorar la infraestructura, dotar de recursos a los hospitales y controlar los precios de los medicamentos.

En lo asistencial, permitiría fortalecer los programas de prevención y promoción que aseguren el acceso a los servicios de salubridad, así como aplicar medidas que garanticen la atención primaria en salud y la provisión de insumos médicos.

Y en lo administrativo, mejoraría la contratación de servicios y la formación-capacitación del personal de salud, dignificaría las condiciones laborales del personal de la salud, hoy día totalmente precarizado,  e instalaría sistemas de información y gestión eficientes, incluida la transparencia en la rendición de cuentas.   

Ahora bien, políticamente, el gobierno deberá explicar con claridad a la ciudadanía que se trata de una solución inmediata y eficaz a la situación crítica, a fin de conseguir su comprensión y respaldo. También tendrá que demostrar, técnica y científicamente, que en efecto hay un riesgo para la salud pública, la estabilidad económica y el bienestar social.

Los decretos legislativos expedidos durante la emergencia económica y social deben pasar por la revisión de la Corte Constitucional, encargada de garantizar que tanto la declaración como los decretos legislativos expedidos bajo su amparo estén sujetos a los requisitos constitucionales y legales, y que no vulneran derechos fundamentales. La declaración de emergencia se ha decretado en varias oportunidades en el país. El anterior gobierno la declaró en 2020 durante la pandemia del covid-19, y el actual en 2023 para hacer frente a la escasez de agua y la desnutrición de los menores de edad en el departamento de la Guajira; sin embargo, la Corte Constitucional dejó sin efecto casi toda la declaratoria, exceptuando los artículos relacionados con la menor disponibilidad de agua en la región.

A pesar de que los decretos legislativos pierden vigencia cuando se levanta la emergencia, el gobierno tiene la opción de presentarlos al Congreso para que éste los apruebe como permanentes.

El hecho es que son de extrema gravedad los motivos que condujeron a intervenir esta semana las dos más grandes EPS del país (Sanitas y Nueva EPS, que atienden 17 millones de usuarios), lo mismo que la decisión de otra, Compensar (con 2.2 millones de afiliados), de solicitar su liquidación ante “la compleja situación financiera que atraviesa el sistema”. Por lo que se prevé un efecto dominó sobre las otras empresas privadas prestadoras de salud.

Los 90 billones de pesos que el gobierno entregará este año a las EPS serían manejados sin control, pues ninguna de las 25 que están operando dispone de auditorías, y registran pérdidas millonarias pese a que las ganancias de sus propietarios son multimillonarias. Una sola de ellas, Sanitas, obtuvo 8.7 billones de pesos en 2022, un 20.8 % más que en 2021. El total de las deudas de las EPS a clínicas y hospitales ascienden a más de 16 billones de pesos.

Es hora de movilizarse en defensa la salud como derecho humano fundamental que es, ya que se impuso el influjo de las corporaciones y los negocios en el Congreso.

Es preciso volver a las asambleas populares e iniciar el proceso Constituyente que nos permita acordar y conseguir el país que queremos. Hay que atreverse a ejercer la democracia directa: reorganizarse, reencontrarse, informarse bien y movilizarse para defender los cambios estructurales y las iniciativas sociales y progresistas del actual gobierno por los que votamos más de 11 millones de colombianos y colombianas.