Mecanismos e instrumentos de protección de DDHH de Álvaro Sepúlveda Franco

En un lenguaje llano, y con el amplio dominio del tema que le permiten sus largos años como abogado en derecho público, defensor de derechos humanos, docente universitario e investigador, Álvaro Sepúlveda Franco enumera y explica en detalle en este libro, el segundo de la serie CAJA DE HERRAMIENTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS, los diversos mecanismos e instrumentos jurídicos que desde la Constitución política de 1991 amparan a todos los ciudadanos colombianos, y al Estado mismo, en materia de los derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales colectivos y del medio ambiente.

En 190 páginas, divididas en 10 capítulos, de manera muy clara, deliberadamente pedagógica, se sintetizan y explicitan cada uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos que aparecen en la carta magna de 1991: el habeas corpus, el habeas data, el derecho de petición, la acción de tutela, las acciones populares, la acción de grupo, las acciones de cumplimiento, se agrega un capítulo sobre las acciones colectivas, lo mismo que las distintas organizaciones especializadas en la protección de derechos,  y los convenios internacionales en la materia aprobados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Varias investigaciones sociojurídicas muestran con cifras inquietantes que las clases menos favorecidas en general desconocen, o conocen muy poco, sus derechos como ciudadanos, lo cual hace que se les dificulte en exceso exigir el ejercicio de sus derechos constitucionales. En otras palabras, no ejercen en la práctica la ciudadanía.

Resulta a la vez inadmisible, grave e insólito que en un medio tan asediado de violencias (desplazamiento forzado, pobreza extrema, marginación social, delincuencia común y política, desempleo, inseguridad, etc.), es decir, de flagrantes y continuas vulneraciones a los DDHH, la mayoría de sus habitantes ignoren el conjunto de recursos constitucionales de los que disponemos para eliminar o disminuir los efectos de esas agresiones humanitarias.

Sería interesante averiguar la cifra exacta, pero el hecho es que un alto porcentaje de la población, de todos los estratos socioeconómicos, jamás en su vida han visto, ojeado, leído, y mucho menos estudiado, los Códigos que regulan las relaciones entre las personas, las relaciones laborales, mercantiles, los delitos y las penas, y ni siquiera la Constitución Política Nacional, a pesar de que cuyo estudio es obligatoria en los establecimientos educativos de Primaria y Secundaria, además de los universitarios.

Es en las cartas constitucionales de cada nación democrática en las que se consagran por escrito la totalidad de los deberes y de los derechos que nos corresponden en tanto que ciudadanos depositarios de dignidad. Por consiguiente, es preciso enterarse de los mecanismos y de las herramientas jurídicas creadas para defender nuestros derechos como seres humanos y como ciudadanos, e identificar las instituciones, nacionales e internacionales, encargadas de su promoción y protección. Conviene, además, conocer las diferentes instancias de participación, deliberación y movilización dispuestas por la ley para la expresión de las inconformidades y de las propuestas de solución. Y no está de más saber cuáles son las instancias judiciales a las que puede recurrirse, pues está claro que sin herramientas jurídicas de protección las normas y las leyes carecen de eficacia. Todo esto de seguro repercute de modo positivo en la convivencia social armónica, o al menos no violenta, pues se evitan al máximo los abusos sobre nuestros derechos.

Colombia es un Estado social, ambiental y democrático; como tal, su fin esencial es el servicio a la comunidad nacional, rural y urbana, de todas las extracciones sociales y niveles educativos, de todas las etnias y edades, garantizando los principios, libertades, restricciones, derechos, responsabilidades y deberes ciudadanos señalados en la letra de la Constitución política, específicamente en el capítulo 4 del título II. De ahí lo importante, lo decisivo que es para los ciudadanos consultar y leer las Constituciones de sus respectivos países. Una Constitución es la carta de navegación de ese gran barco social que es la sociedad nacional en su conjunto.

Es importante saber, por ejemplo, que la Constitución del 91 extendió el campo de los derechos fundamentales, e incluyó otros, además de estipular otros mecanismos de protección y aplicación de los derechos (la separación de poderes, los principios generales, la pedagogía de la constitución y la participación ciudadana), y de crear instituciones nuevas como la Corte Constitucional, cuya jurisprudencia en treinta años ha sido de un gran aporte para el desarrollo y eficacia de los derechos. Y conviene también saber que el artículo octavo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”. Pero, sobre todo, en momentos en que la concepción neoliberal globalizada ha incrementado la desigualdad, la exclusión y la pobreza de grandes sectores sociales, y debilitado la acción colectiva, hay que tener claro el concepto de ciudadano, y resignificarlo como el derecho a tener y exigir derechos. Dice Thomas H. Marshall en Ciudadanos y clases sociales (1950) que “Ciudadano es aquel que en una comunidad política goza de derechos civiles (libertades individuales) y de derechos políticos (participación política), y también de derechos sociales (trabajo, educación, salud, vivienda, recreación, seguridad social); igualmente, ciudadano es quien se ocupa de las cuestiones públicas y de los derechos colectivos o difusos, no sólo de sus asuntos privados”. Y como afirma Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo (1944), “(…) los derechos humanos no tienen sentido al margen de la ciudadanía política”. 

Más que bienes jurídicos a los que se obligan los Estados nacionales, los derechos humanos son el escenario desde el que los ciudadanos ejercen el control de los poderes públicos, la participación en los procesos sociales y la toma de decisiones en el campo de la política y de la vida en sociedad. Conocerlos y practicarlos, por tanto, es el requisito para la formación de ciudadanos autónomos, activos, críticos, solidarios, tolerantes, requerimiento necesario a su vez para la edificación y preservación de sociedades verdaderamente democráticas. No hay más eficaz mecanismo de protección de los DDHH que la participación ciudadana.

El rumbo de la auténtica democratización será el que señalen la organización de la sociedad civil y las movilizaciones en pro de nuevos derechos, en defensa de los ya conseguidos, así como en su difusión y educación.

Es el reto al que se enfrenta la nueva administración progresista en Colombia, el Gobierno del Cambio, de Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes han propuesto nuevas visiones, más modernas y democráticas, y nuevas metas para la defensa de los derechos inalienables de todos los actores sociales, en especial de las comunidades más vulnerables: indígenas, afrodescendientes, discapacitados, colectivos de género, personas de la tercera edad, desempleados, migrantes, desplazados, etc.

De todos estos aspectos, con un lujo de detalles en los que se transluce el conocimiento puntual del autor en temáticas jurisprudenciales y políticas, se ocupa el presente libro, el cual adquiere doble relevancia –incluso urgencia– dadas las características de nuestro medio sociocultural en el que de modo creciente y alarmante la preocupación política cede interés ante los “beneficios” derivados de la explotación económica del planeta. Quizá nunca antes en la historia había sido tan definitivo, de supervivencia casi, enterarse de y participar en asuntos económicos, políticos, jurídicos.