Alternativas para salvar la reforma a la salud

Bajo el lema “Salud para la vida, no para el negocio”, el 13 de febrero de 2023 el actual gobierno colombiano, a través de la entonces ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, radicó en el Congreso un prolijo documento de reforma al sistema de salud del país expresado en la neoliberal ley 100 de 1994. Es una propuesta progresista que ha recibido apoyo por parte de varios organismos internacionales, y que ha sido discutida en foros en el país y en el exterior, y considerada como líder en América Latina.

Ya en los primeros meses de 2021 el gobierno de Iván Duque había intentado una reforma, de carácter regresivo, pero por fortuna las protestas del pueblo durante el estallido social impidieron que se concretara.

Entre los principales puntos contenidos en los 18 capítulos y 152 artículos del proyecto, surgido de movimientos sociales y populares y de agremiaciones como la Cumbre Social y Política y el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, figuran: El cambio de rol de las EPS, la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (eje de la propuesta) privados y mixtos con énfasis en territorios abandonados, el énfasis en un esquema preventivo y predictivo, el enfoque en los determinantes sociales de la salud, la construcción de un sistema único de información, el giro del dinero directamente a los proveedores del servicio, la transformación de la Adres, el diseño de un régimen laboral especial para los trabajadores y trabajadoras del sector, el tránsito de un modelo poblacional a uno territorial, así como la implementación de un sistema público de información en línea.

En medio de una férrea campaña en contra por parte de sectores gremiales, políticos y de la prensa corporativa, y tras numerosos foros, seminarios, talleres y cumbres regionales y nacionales, la reforma cursó debates y fue aprobada el año pasado por la comisión séptima y la plenaria de la Cámara de Representantes. Pero ha tenido su primer gran tropiezo el pasado martes 12 de marzo de 2024 cuando, en un documento farragoso y lleno de falacias, ocho senadores (de los 14 que conforman la comisión séptima), anunciaron que radicarán ponencia de archivo al proyecto. Los parlamentarios opositores son: Norma Hurtado, del Partido de la U; Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro democrático; Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; y Berenice Bedoya, de ASI. Aunque subiste la esperanza, para salvar la reforma, de que tres de ellos puedan ser declarados impedidos para votar.  

Este anuncio, que a todas luces restringe la democracia, ha generado sorpresa y controversia en amplios sectores de la opinión pública. Es inaudito que se pretenda archivar un proyecto de tanta importancia para el país, en el que está en juego el derecho fundamental a la salud, sin ni siquiera discutirlo en la plenaria del Senado y luego de variadas argucias parlamentarias como la de retirarse de las sesiones para que no haya quórum.

En su documento los ocho senadores insisten en argumentos que ya han sido rebatidos públicamente; el más falaz es que el proyecto no ha sido discutido ni concertado ampliamente. Como aclara Pedro Santana en artículo reciente en la revista Sur, “El proyecto es el resultado de más de siete años de trabajo con gremios médicos, asociaciones científicas, asociaciones de clínicas y hospitales, organizaciones de trabajadores y de pacientes, movimientos sociales por el derecho a la salud (…) Una vez radicado el proyecto, se han realizado en total más de 25 Audiencias Públicas; las últimas 14 se han hecho con el texto aprobado por la Cámara de Representantes y bajo la convocatoria de la Comisión Séptima del Senado de la República”. Fuera de esto, se han establecido mesas de concertación con los tres directores de los partidos Liberal, Conservador y de la U. Es quizá, como recalca Santana, “el proyecto de ley más discutido desde la expedición de la Constitución de 1991”.

Tampoco es cierto que la reforma pretenda estatizar el sistema; lo que se propone es un modelo mixto, dado que el 80% de los prestadores de servicios en salud son privados, fortaleciendo el sistema público, lo que de ninguna manera significa estatización.

Sobre lo que no dicen nada los ocho senadores es acerca de los millones de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios ante la Superintendencia de Salud (incluidas las 120.000 tutelas que se interponen en promedio cada año), buena parte de los cuales son súplicas de vida. Ni se pronuncian tampoco respecto de la quiebra de las EPS, cuyo déficit acumulado, según la Procuraduría General de la República, es de 37.4 billones de pesos; ni acerca de sus deudas con las clínicas y hospitales, que ascienden a 25 billones de pesos.

Además, como afirma la exministra Carolina Corcho, “Es un documento paradójico porque reconocen que sí se requiere una reforma que resuelva los problemas de inequidad del sistema, brindar sostenibilidad financiera, eliminar barreras de acceso y brindar mejores condiciones al personal de la salud, pero al unísono proponen el archivo de una reforma que considera todos estos puntos”.  

Resulta preocupante que la ponencia de archivo no plantee ningún tema nuevo; que insista en discusiones ya resueltas en la Cámara de Representantes, con los partidos políticos y en las numerosas audiencias a lo largo del territorio nacional; y, sobre todo, que no proponga alternativas para uno de los sectores más críticos del país que, como recordaba el presidente Gustavo Petro en su discurso del 15 de marzo ante la minga indígena en Cali, al tiempo que ha cobrado la vida de 340.000 personas en los últimos 10 años, ha dilapidado cifras billonarias del presupuesto nacional.

Ante esta delicada coyuntura, se perfilan cuatro posibles alternativas:

1. Considerar el proyecto alternativo que presentó el representante Fabián Díaz del partido Verde.
2. Seguir implementando lo que sea viable por vía de decretos ejecutivos, pues estas reformas también son potestad del presidente cuando en el Congreso se oponen, sea por conveniencia o por corrupción.
3. Presentar la reforma en la nueva legislatura que empieza el 20 de julio, y que se llegue a un acuerdo con todos los sectores de la salud, movimientos sociales y populares.
4. Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, mediante la cual se logre una reforma estructural que incluya todas las reformas (la de salud, trabajo pensión, agraria, justicia, educativa), como propuso el presidente Petro el 15 de marzo en Cali. Dado que el Congreso fue inferior a su mandato y no discutió la reforma, sólo queda la opción de acudir al constituyente primario para que elija unos delegados que instauren las reformas que propone el gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo en oposición a una minoría de derecha, a unos grupos económicos y a unos medios corporativos.

El Congreso, como representante del pueblo, está llamado a legislar en beneficio de éste. Pero en vista de que, a los congresistas, muchos de ellos financiados por empresas de salud y multinacionales, sólo les interesan los beneficios de los conglomerados económicos para los que en realidad trabajan, el pueblo deberá pronunciarse.

Ante el hecho de que el acuerdo nacional que propuso el presidente no funcionó, ni sirvió tampoco el nombramiento de varios ministros de derecha y centroderecha en su gabinete, queda recurrir a una Asamblea Nacional Constituyente. Es por eso por lo que reclamamos el apoyo del constituyente primario representado en los sectores sociales y populares (trabajadores, estudiantes, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, ambientalistas, animalistas, movimientos feministas, pensionados, etc.) para que desde las calles y las redes sociales expresemos nuestro apoyo masivo y decidido a las reformas por las cuales en mayo de 2022 depositamos nuestro voto esperando un cambio real en el reconocimiento de derechos y en las instituciones del país.

Santiago de Cali, Colombia,

Marzo 17 de 2024.