En una democracia madura, el derecho de la sociedad civil a protestar y marchar es un pilar fundamental que garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Nuestro país, como tantos, ha sido testigo de la poderosa voz de su pueblo en las calles, reclamando justicia, transparencia y respeto por los derechos fundamentales.

Por estos días, el foco de las protestas y de las marchas multitudinarias se centra en la urgente necesidad de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia designe a la nueva fiscal general de la Nación de entre la terna presentada por el presidente de la República desde agosto de 2023. No se trata de una elección, sino una selección, de una escogencia. No es un acto judicial, sino administrativo, y nada justifica la morosidad.

La figura de este alto funcionario es de vital importancia en cualquier sistema judicial. Es el encargado de liderar la lucha contra la corrupción y la criminalidad, de garantizar el respeto por los derechos humanos, así como de asegurar que la ley se aplique de manera justa y equitativa para todos los ciudadanos. Por lo tanto, su elección no sólo es un asunto técnico, sino también un acto de profunda relevancia política y social. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar las denuncias sobre presuntos delitos y a ofrecer garantías procesales a los imputados.  

La vacante representa una oportunidad crucial para fortalecer las instituciones y enviar un mensaje contundente sobre el compromiso del país con la justicia y el estado de derecho. Sin embargo, la falta de acción por parte de la CSJ ha suscitado interrogantes y alimentado la desconfianza en el sistema judicial. Es claro que hay temor en muchos sectores porque una nueva Fiscalía, como dijo el presidente Petro el 9 de febrero pasado en la Cumbre de gobernadores, no se pondría, como las anteriores, al servicio del crimen. A lo que agregó: “Elegí una terna de personas que no conozco personalmente y que a través de su vida han demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y por tanto luchar contra la impunidad. Escogí tres mujeres porque me parece que la mujer debe acceder a los más altos cargos de poder”.

Es imperativo que la Corte Suprema de Justicia escuche y atienda las demandas de la sociedad civil, no sólo del presidente Petro, quien simplemente se suma a estas demandas. La transparencia y la imparcialidad en este proceso son fundamentales para preservar la integridad del sistema judicial y restaurar la confianza del pueblo en sus instituciones. La demora en la designación sólo alimenta la percepción de opacidad y favoritismo, erosionando la legitimidad del próximo titular de la Fiscalía. Y el tema es doblemente grave: por una parte, habiendo terminado el periodo del anterior, no se conoce aún el nombre de la nueva fiscal; por la otra, sobre la fiscal que asume, Martha Mancera, existe sospecha de presuntos vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con investigaciones de la revista Raya.

Hay un evidente interés, dentro y fuera de las Cortes, en que prosiga la impunidad que ha imperado en el país durante años. El Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ha sido objeto de acoso y ataques desde su inicio hace un año y medio por parte de poderes económicos, políticos, mediáticos y judiciales. La más reciente de esas arremetidas, que vienen a sumarse a muchas más en el pasado, ocurrió en Bogotá a raíz del episodio en la marcha del 8 de febrero. Se le endilgó el calificativo de dictador al presidente por supuestamente haber enviado a un grupo de manifestantes a tomarse la sede la Corte Suprema de Justicia, lo cual se dijo en un escrito emitido desde Florida, Estados Unidos, y difundido en todo el país: “El presidente colombiano GP envió a sus partidarios a tomar la sede de la Corte Suprema insatisfecho porque se resisten a sus órdenes. Los jueces tuvieron que ser evacuados en helicóptero”. Nada de esto fue cierto: no hubo asalto ni heridos, ni los jueces fueron evacuados en helicóptero. Como ha quedado aclarado, lo que pasó fue que cuatro personas infiltradas en la marcha, neutralizados por los manifestantes, zarandearon por varios minutos la malla frente a la CSJ. Pero la noticia circuló como si fuera cierta. Es lo que se denomina con la expresión inglesa fakes new, o posverdad, es decir, noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación, y que en este caso se utilizaron para dos propósitos: desacreditar la marcha, restarle legitimidad, y ocultar el hecho, este sí real, de lo multitudinaria que fue la manifestación.

La contracara de las falsas noticias es la ocultación de noticias. Nada, o muy poco, se dice en los medios, por ejemplo, de los muchos logros del gobierno: la recuperación de 26.6 billones de pesos de tributación que antes se perdían en la DIAN; el descenso del desempleo, la inflación, el  precio del dólar y de los fertilizantes; el fortalecimiento del banco agrario destinado a ofrecer créditos a cero interés; la disminución significativa de muertes de niños por desnutrición aguda, de la  deforestación y de las muertes de militares y policías; el incremento sin precedentes del salario mínimo, de la inversión extranjera, del turismo y de la incautación de estupefacientes, así como del presupuesto de los ministerios de Agricultura, Salud y Educación; el saneamiento de la SAE, impidiendo que se roben billonarios recursos y realizando inversión social. En ningún titular de la prensa corporativa se informa que los indicadores económicos de Colombia son unos de los mejores de la región.

Las fakes new operan en coordinación con el llamado lawfare, otra expresión también en inglés que hace referencia a cuando un actor político poderoso instrumentaliza el sistema de justicia para perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos​. No es una estratagema nueva, pero en los últimos años se ha extendido en varios países hispanoamericanos: en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, en Ecuador con el presidente Rafael Correa, en Argentina con la presidenta Cristina Fernández de Kirshner, en Bolivia con el presidente Evo Morales, en España con algunos dirigentes del partido Podemos… En Colombia, vienen maquinándose tácticas de este orden contra el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno desde hace varios meses.

Frente a estos poderes hegemónicos hay que ensayar vías. Algunos funcionarios probos de la Fiscalía (que los hay), ante la imposibilidad de ir a huelga indefinida por ser la suya una función esencial, han propuesto la realización de plantones y de una “operación tortuga” hasta que se haga el esperado nombramiento. La fiscal Angélica Monsalve insta a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para conseguir una reforma estructural del Estado. Y el periodista Gonzalo Guillén, junto con varios juristas, creen que el presidente puede declarar una Emergencia Judicial, nombrar un fiscal provisional, así como proponer una reforma constitucional para que le quiten a la Corte Suprema la facultad de escoger entre la terna presentada por el presidente.

Lo cierto es que la corrupción en las altas Cortes es alarmante, como lo expresa Angélica Monsalve:

“Otro círculo vicioso, otro conejo a la justicia: 1. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por ellos mismos, se escogen de las listas enviadas por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura 2. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, son elegidos por la Corte Suprema de Justicia 3. Los Magistrados de la Corte Constitucional, son elegidos por ternas hechas por la Corte Suprema de Justicia 4. La Corte Suprema de Justicia, nombra a los Magistrados de la CSJ y Magistrados de los Tribunales Superiores en provisionalidad 5. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial 6. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen fiscal general de la Nación 7. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seleccionan candidato de la terna a procurador y a contralor general”.

Y en la Fiscalía, que maneja un presupuesto de 6 billones de pesos para 2024 y que es hoy la institución más importante de Colombia dada la situación de violencia, narcotráfico y corrupción, el panorama es más desolador, a juzgar por las palabras recientes del periodista investigador Gonzalo Guillén:

“Nunca en la historia de Colombia el narcotráfico y el crimen organizado había demostrado tener tanto poder. Ni cuando mataron a Luis Carlos Galán, a Rodrigo Lara Bonilla o a Guillermo Cano, ni cuando pusieron bombas. Hacían esos actos macabros porque no tenían el poder; ahora lo tienen. Son los dueños de la Fiscalía General de la Nación y de la institucionalidad colombiana, y no se lo van a dejar quitar. No es que no les guste la terna, sino que es el poder del narcotráfico posesionado en la justicia colombiana. Los magistrados no eligen por miedo o por corrupción, por alguna razón, pero no dicen cuál”.

Como afirma el exfiscal Eduardo Montealegre, “La locomotora del cambio no tiene reversa. El país no se dejará avasallar por el abuso. El golpe blando no triunfará. ¡Que les quede bien claro!  Ya la comunidad internacional –la OEA– se pronunció acertadamente”. También la ONU le solicitó a la CSJ avanzar en la selección, para “asegurar la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad, y previene el debilitamiento de la justicia”.

A la sociedad civil nos queda ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta y la marcha como una forma legítima de expresar el descontento y demandar acción. Las protestas son una forma de recordar a los líderes políticos y a las autoridades judiciales que su legitimidad y autoridad emanan del pueblo, y que están obligados a actuar en sus beneficios. Las protestas pacíficas y organizadas son un indicador de la salud democrática de un país, además de un signo de madurez política y social. En lugar de socavar la estabilidad, estas manifestaciones fortalecen la democracia al fomentar el debate público y la participación ciudadana en los asuntos de interés común, máxime en momentos tan cruciales como los actuales.