Balance del primer año de gobierno del Presidente Gustavo Petro

Cumplido el primer año del gobierno del Pacto Histórico en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, el panorama nacional es muy complejo y en algunos aspectos incierto. Sin embargo, el gran balance en general resulta favorable.

Pese a las dificultades propias del primer gobierno de izquierda progresista en la historia republicana, que fue elegido para revertir los efectos del modelo neoliberal de los últimos 40 años, ha habido logros importantes como, entre otros: 1. El manejo de la economía: 2. El avance en el agro; 3. La inclusión de poblaciones marginadas; 4. El trámite de las reformas integrales; 5. Los golpes al narcotráfico; 6. La política de subsidios; 7. El destape de grandes casos de  corrupción; 8. Los cambios en altos cargos de las fuerzas armadas; 9. Los adelantos en la Paz Total; 10. La aprobación del  acto legislativo que sitúa al campesino como sujeto especial de protección; 11. La creación del Ministerio de la Igualdad; 12. La implementación de la matrícula cero en universidades públicas; 13. La conducción de las relaciones internacionales; 14. El impulso a la transición energética justa; 15. Los avances de la reforestación y el ordenamiento alrededor del agua; 16. La aprobación de una reforma tributaria redistributiva y progresiva, 17. La disminución de la inflación, la revaluación del peso frente al dólar; 18. el aumento de la inversión extranjera; 19. La disminución del índice de desempleo a un digito; 20 La postulación de tres mujeres de alto perfil profesional para dirigir la Fiscalía General de la Nación.

Entre los puntos débiles de la gestión gubernamental, cabe resaltar: 1. La inestabilidad del gabinete ministerial; 2. Los incidentes con algunos actos funcionarios; 3. El descuido y baja ejecución presupuestal de algunos ministerios como los de Cultura y Deporte; 4. La falta de una mejor estrategia en materia comunicativa; y 5. El escándalo en torno al hijo del presidente que puede afectar su gobernabilidad.

Y en cuanto a los asuntos pendientes, figuran como los más prioritarios: 1. Defender las reformas estructurales a la salud y pensional, volver a tramitar la del sistema laboral; 2. Dar más impulso a la reforma rural integral; 3. Cumplir con el acuerdo de paz firmado en 2016 y avanzar en las negociaciones de la Paz Total; 4. Proseguir el proceso de fortalecimiento de la banca pública; 5. Continuar los planes de reforestación, agroindustrialización y defensa del medio ambiente; 6. Redefinir los TLC; 7. Impulsar la reforma a los servicios públicos domiciliarios; 8. Plantear lineamientos para la adecuada administración de la deuda pública; y 9. Continuar ampliando la cobertura de internet.

El acertado manejo de los temas económicos durante estos 12 meses iniciales se materializa en hechos significativos como el descenso del desempleo a un dígito (durante este año se han creado 1.030.000 empleos, el 98% de ellos formales), el incremento sin precedentes del salario mínimo en un 16%, la disminución de la inflación y de las tasas de interés, el descenso de los precios de la canasta familiar, la bajada del dólar (la moneda más reevaluada de los últimos tiempos, y que ha significado el ahorro de 60 billones de pesos de deuda externa), la aprobación de la reforma tributaria, la caída del déficit de balanza comercial del 6 al 4%, el aumento de la inversión extranjera y del turismo, las buenas posiciones en las entidades internacionales de riesgo, el avance en la entrega y titulación de tierras, así como la creación de la jurisdicción agraria; tampoco se ha incrementado el monto de las deudas externa e interna, ni ha habido fuga de capitales. Los principales índices económicos, financieros, fiscales y laborales, pues, mejoran de manera ostensible, y estos éxitos son fundamentales, máxime si se toma en cuenta que era uno de los que generaban más prevención entre sectores de la oposición y analistas escépticos y/o refractarios al cambio. Asimismo, son visibles los esfuerzos por integrar a comunidades por siglos marginadas: las mujeres, las poblaciones racializadas (en especial afros e indígenas), las comunidades sexualmente diversas, los jóvenes, las personas discapacitadas, etc. Con las 73.300 hectáreas recuperadas (no expropiadas) por el Fondo Nacional de Tierras y las 240.000 hectáreas tituladas, se demuestra que el cambio es con los hechos. Ha habido ampliación de cupos y de recursos en los programas de subsidios y asistencia social (renta básica). Se han denunciado y empezado a judicializar actos gigantescos de corrupción como los de la SAE y Ecopetrol. La mayoría de las reformas integrales siguen su trámite parlamentario, y la que fue rechazada, la laboral, volverá a presentarse en la actual legislatura. Los cambios en la cúpula de las fuerzas armadas han repercutido en más eficacia y transparencia en el control del orden público. La implementación formal de mesas de diálogo con agrupaciones políticas como el ELN (y hace poco el acuerdo bilateral de cese al fuego) y otros grupos, luego de varios años de abandono, hace que se pueda soñar con que el proyecto de una Paz Total consiga la convivencia pacífica favoreciendo la productividad. Los proyectos de reforestación en la Amazonía (que ha salvado miles de hectáreas) y la ampliación de las reservas forestales es un resultado parcial loable en materia ambiental. Y la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y el fortalecimiento de las relaciones con EEUU, el triunfo en el Tribunal de La Haya en el diferendo limítrofe con Nicaragua sobre San Andrés, el respaldo de los Estados Unidos en la preservación de los ecosistemas (cambio de deuda por acción climática), el acompañamiento y apoyo de muchos gobiernos y pueblos amigos, así como el liderazgo alcanzado en América Latina, favorecen no sólo la imagen internacional del país, sino que incide positivamente en factores como la inversión extranjera y el turismo. Todo esto ha permitido que se concrete buena parte de lo prometido en campaña y de lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: instaurar una era de paz, impulsar la inversión, el crecimiento, el empleo, la reducción de la pobreza, la inequidad y la exclusión, garantizar la estabilidad económica y social; en síntesis, poder convertir poco a poco a Colombia en una “potencia mundial de la vida”, que desde ya ha empezado con el liderazgo internacional en relación con el cambio climático.

Los puntos débiles, que son inevitables, no pueden ni ocultarse ni repetirse. Habrá que ser más cuidadosos al proponer nombres para los ministerios (ha habido hasta ahora 11 cambios), las embajadas y demás cargos de alta responsabilidad estatal. Deberá subsanarse la relegación en que se han mantenido carteras ministeriales como las de Cultura y Deporte. Fortalecer las políticas públicas de seguridad ciudadana. Es preciso poner en marcha mecanismos que fortalezcan los pocos medios de comunicación pública que existen, lo mismo que ofrecer apoyo logístico, financiero y publicitario a la infinidad de medios alternativos que son esenciales para visibilizar los programas y los logros del gobierno. Y, claro, habrá que ser mucho más escrupulosos a la hora de examinar los perfiles profesionales y éticos de quienes participarán en campañas y en cargos públicos para evitar los huracanes políticos y mediáticos que ponen en riesgo la gobernabilidad.  

Son muchos y decisivos los temas pendientes para los próximos tres años de la actual administración. Hay que darle nuevo impulso al trámite de las reformas que, como dice el presidente Petro, “son procesos complejos y de tradición”, lo cual implica insistir en el pedido de apoyo a las bases populares. Las negociaciones para consolidar la Paz Total deben continuar e incorporar a otros actores armados ilegales. Es imperioso avanzar en el fortalecimiento y prestación de servicios del banco agrario. Deberán proseguirse los proyectos de reforestación, energías limpias y creación de zonas protegidas. Ha de intensificarse el apoyo a la educación en todos los niveles, en especial la reforma a la Ley 30 de educación superior. Tienen que redefinirse los tratados de libre comercio. Resulta urgente mejorar la seguridad, regular los servicios públicos domiciliarios, administrar adecuadamente la deuda externa e interna, así como seguir ampliando la cobertura de la red de conexión a internet en todo el país.

Por otra parte, la ejecución del presupuesto (que asciende a un total de 502,5 billones de pesos) llega a la fecha a un promedio, comparativamente normal, de 27%. Ha sido alta en algunos ministerios (Educación, Minas y Energía, Defensa y Policía, Trabajo) y muy baja en otros (Ambiente, Cultura, Deporte). De todos modos, resulta crucial acelerar la ejecución de proyectos y, sobre todo, mejorar los resultados. Pero es de resaltar lo que algunos expertos señalan: que por primera vez en la historia un Plan Nacional de Desarrollo tiene lo ambiental en primer plano y propone un ordenamiento alrededor del agua; por primera vez también un PND se ordena alrededor de la justicia social; tampoco tiene precedentes la inversión que se ha hecho en Educación: 57 billones de pesos.

Finalmente, merece especial énfasis el hecho de que, tras el reciente escándalo de la innecesaria y publicitada captura de Nicolás Petro y su exesposa, quedó claro que el presidente y el tesorero no sabían de los dineros recaudados irregularmente, y que no ingresaron dineros ilegales a la campaña, como pretendían hacer creer el fiscal, muchos medios de comunicación y la derecha política del país. Se demuestra una vez más la transparencia y la probidad del presidente Petro, lo mismo que su talante democrático respetuoso de las instituciones. De este impase, al igual que de otros, sale fortalecido y con la seguridad de terminar su mandato en 2026. Para ello cuenta con el apoyo de casi 12 millones de colombianos y colombianas que respaldaron y seguirán respaldando al líder que eligieron después de dos siglos de oligarquías y desgobiernos.