Cómo va la reforma a la salud en Colombia
Por Álvaro Sepúlveda Franco, abril 4 de 2023
Los recursos de la salud son sagrados; son para el cuidado de la vida,no para la corrupción ni para los negocios.
Carolina Corcho
Los intentos por reformar el actual sistema de salud de Colombia empiezan desde el momento mismo en que entró en vigencia la ley 100, presentada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y prácticamente calcado del Sistema de Salud de Chile. Son casi 30 años de discusiones, foros, contrapropuestas, por parte de agremiaciones médicas y no médicas (como la Cumbre Social y Política y el Pacto por la Salud y la Vida), movimientos sociales, ligas de usuarios, etc., frente a un modelo que es fiel reflejo del espíritu neoliberal que animó su creación en 1993.
Desde la perspectiva del neoliberalismo imperante, el manejo en la prestación de servicios básicos –y la salud lo es– ha de ser sustraído a los Estados y entregado al mercado, a empresas privadas de capital nacional e internacional. Esto se ha hecho en la mayoría de los países de América y de Occidente desde hace por lo menos 40 años, desde finales de los 70s e inicios de los 80s. La salud, así, deja de ser lo que estipula la Constitución de 1991, un derecho fundamental (al igual que sus determinantes sociales: seguridad alimentaria, agua, vivienda, cultura, saneamiento básico, ambiente sano, trabajo decente…), para convertirse en un bien de mercado, en una mercancía.
La ley 100 amplió la cobertura en el territorio nacional, quizá su único beneficio, al tiempo que permitió el enriquecimiento de algunos empresarios e inversionistas del país y del exterior. Ha generado, entre otros efectos negativos, miles muertes previsibles, cierres de clínicas y centros hospitalarios públicos y privados, malversaciones y quiebras multimillonarias, deshumanización de la práctica médica, deterioro de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de la salud, múltiples barreras de acceso a la atención sanitaria que obligan a que se interpongan infinidad de tutelas ante los juzgados y derechos de petición ante la Superintendencia de Salud; se presenta la situación irónica y paradójica de que son los jueces los que ordenan los tratamientos y operaciones costosas, no las juntas científicas de médicos.
Es frente a ese caos, a esa ineficiencia, que el gobierno del cambio, el de Gustavo Petro y Francia Márquez, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley con cambios estructurales, que ha suscitado numerosas controversias y que ha iniciado ya trámite parlamentario; se debatirá primero en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, luego en la Plenaria de la Cámara, después en la comisión séptima del Senado, y por último en la Plenaria del Senado.
En la ley 1751 del 16 de febrero de 2015 se declaraba la salud como derecho humano fundamental, y esa ley es mencionada en el programa de gobierno del Pacto Histórico refrendado en las urnas por más de once millones de colombianos. El candidato Petro utilizaba el eslogan “Salud para la vida, no para el negocio”, y prometía garantizar “el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera”. Además, proponía recuperar la autoridad sanitaria, crear un fondo único de salud y redes integradas e integrales de salud, dignificar a los trabajadores y reconocer el papel de la mujer en el sector, incorporar la salud en el trabajo, desplegar “un plan de choque intersectorial para enfrentar el hambre y la desnutrición, superar los efectos de la pandemia y reducir la mortalidad materna, perinatal e infantil”, y luchar contra la corrupción.
Entre los puntos más trascendentales del articulado de la Reforma radicada el pasado 13 de febrero, de 18 capítulos y 150 artículos, están: El cambio de rol de las EPS (no su eliminación como se había dicho inicialmente, excepto 10 de ellas de las 25 actualmente existentes), la creación de centros de atención primaria (eje de la propuesta) privados y mixtos con énfasis en territorios abandonados, la insistencia en un esquema preventivo y predictivo, el enfoque en los determinantes sociales de la salud, la construcción de un sistema único de información, el costo (cerca de 40 billones de pesos), el giro del dinero directamente a los proveedores del servicio, la transformación de la Adres, la disposición de Nueva EPS como receptora de afiliados durante la transición del sistema, el diseño de un régimen laboral especial para los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, el tránsito de un modelo poblacional a uno territorial, la formalización del personal asistencial y administrativo de 928 hospitales públicos durante cuatro años, y la implementación de un sistema público de información en línea.
Y pese a la declaración de la Ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, en el sentido de que este debate debe sustraerse de las pugnacidades propias de la polarización, pues “lo que está en el centro de la discusión es la vida de los colombianos, que es un bien público superior, que debe estar por encima de cualquier diferencia política y social”, cada uno de estos puntos ha tenido objeciones por parte de funcionarios y exfuncionarios, de voceros del gremio médico, de los partidos políticos y de opinadores o comentaristas en los medios de comunicación. En la mayoría de los casos desinformando por cuanto están al servicio de los grupos económicos, principales perjudicados con los cambios propuestos.
Las anunciadas reformas a la Reforma, tan polémicas como ella misma, hacen que nos preguntemos cuál va a ser el contenido final del texto que se apruebe tras su debate durante semanas o meses en Cámara y Senado.
¿Será muy distinto al inicialmente propuesto por la Ministra, y a lo prometido en campaña? ¿En qué se ha cedido frente a gremios empresariales y fuerzas políticas? ¿Hay interés por parte de los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, la U, Centro Democrático u otras agrupaciones partidistas en cambiar el espíritu básico de la Reforma? ¿El presidente Petro hace pactos ineludibles para poder negociar luego las otras reformas como la laboral y pensional o el nuevo código minero de su programa? Frente a la continuidad de las EPS, por ejemplo, ¿no es válido evocar al Gatopardo de Lampedusa, “que todo cambie para que todo siga igual”?
Ya algunos partidos de derecha y centroderecha han anunciado sus contrapropuestas a la Reforma, y hacen eco a estas seis objeciones que le costaron su cargo al exministro de Educación Alejandro Gaviria: 1. Que se presentaría un caos en la prestación de los servicios médicos; 2. Que la Reforma a la salud no ha hecho una evaluación de lo que funciona y no funciona del sector, ni de la infraestructura instalada, ni ha tenido en cuenta que la realidad puede cambiar entre regiones; 3. Que eliminar las EPS no es una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales; 4. Que convertir la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en un pagador único sería volverla una gran EPS; 5. Que las EPS actuales tienen diez veces más centros de atención primaria que los propuestos por la Reforma; y 6. Que los pacientes quedarían a la deriva.
El partido Cambio Radical presentó un proyecto mediante el cual pretenden establecer un nuevo modelo de atención enfocado en salud familiar y comunitaria, encaminado hacia la promoción de la salubridad, la prevención de la enfermedad y la gestión integral del riesgo en salud. Plantean crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar la promoción, la prestación de servicios y el aseguramiento de la población. Y los partidos de la U, Liberal y Conservador formularon su contrapropuesta, de acuerdo con la cual se crearían empresas Gestoras de Salud para reemplazar a las EPS; serían entidades de naturaleza privada o mixta que gestionarían la prestación de los servicios de Salud de Mediana y Alta Complejidad. También desarrollarían los Sistemas de información interoperables, según el modelo atención y gestión del nuevo sistema de Aseguramiento Social en Salud, y realizarían la rendición de cuentas públicas y transparentes a la comunidad y demás agentes del Sistema de Salud. Los Fondos Territoriales de Salud serían administrados por las Direcciones Territoriales de Salud, los cuales estarán constituidos por: 1. Transferencias del Fondo Único Público para la Salud; 2. Rentas de destinación específica para la salud de que trata la ley 1393; y 3. Los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) determinados por la ley 715 que les corresponde para el financiamiento de la salud.
Por otra parte, la Reforma del Ministerio de Salud ha empezado a incidir en las próximas elecciones locales y regionales ante la decisión de los partidos Liberal, Conservador y de la U esta semana de apartarse del proyecto y plantear sus propias iniciativas, lo que hace que el gobierno considere urgente llegar a consensos. Es así como su estrategia ahora es negociar directamente con los congresistas a fin de reunir los votos suficientes, y por eso el pasado 31 de marzo de manera sorpresiva (antes del receso de Semana Santa) radicó la ponencia de la Reforma en la Comisión Séptima con las firmas de los ponentes del Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes, el Partido Conservador y el Partido de la U. Pero como se hizo sin el visto bueno de los directivos de esas colectividades, se ha generado una fuerte molestia en los presidentes de esos partidos, quienes han desautorizado a los representantes ponentes Gerardo Yepes y Camilo Ávila ante los que preparan sanciones. El hecho es que la radicación de la ponencia deja claro que la discusión rebasa lo ideológico y que las próximas elecciones constituyen un factor crucial en las decisiones de los congresistas, en especial de quienes requieren la maquinaria partidista para que sus candidatos a alcaldías y gobernaciones tengan opciones en la contienda electoral de octubre, además de que se juegan su propia reelección en el Congreso para 2026.
Así las cosas, y como afirma el columnista Andrés Muñoz, “los cálculos en la Comisión Séptima y en todo el Congreso no son exactos ni a favor ni en contra de la Reforma a la salud. En el segundo round por la supervivencia del proyecto, el gobierno dio el primer golpe, pero está lejos de ganarles la pelea a los partidos rebeldes de la coalición. Apuntarle a la indisciplina de las bancadas está distanciando cada vez más al Ejecutivo de las cabezas de esas colectividades, y eso podría tener repercusiones en el trámite de las otras dos reformas sociales”.
Frente a este complejo panorama, instamos a acudir al diálogo social contemplado en la ley estatutaria de participación ciudadana (ley 1751 de 2015), mecanismo del que dispone la sociedad civil para promover la comunicación, consulta y seguimiento a las políticas públicas. También es preciso discutir el articulado con los movimientos sociales y los sectores populares, y de modo especial emprender una labor de pedagogía: durante las pasadas marchas, en pro y en contra del gobierno, se evidenció que en un alto porcentaje ni defensores ni detractores han leído el documento de la Reforma al sistema de salubridad.
Debemos seguir defendiendo la Reforma desde las acciones colectivas como foros, audiencias públicas, marchas, plantones, medios masivos y redes sociales contra los embates de los congresistas con intereses particulares, los medios de comunicación, los gremios económicos y las agremiaciones de médicos, a quienes se les acaba el negocio de la salud.