En todo gobierno democrático, del espectro ideológico que sea, se diseñan y presentan los planes en políticas públicas que se propone ejecutar durante el periodo en que se gobernará. En esto consiste un Plan Nacional de Desarrollo (PND); es una carta de navegación, un itinerario a seguir, por el cual los votantes depositan en las urnas su voto programático, y que en Colombia es evaluado y monitoreado por el Consejo Nacional de Planeación.

Precisamente, una característica de un régimen democrático es el voto de los ciudadanos por un programa de gobierno, que se consolida en el vínculo formado entre la voluntad popular y la propuesta de gobierno expuesta por el candidato electo que ha de reflejarse en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, pues no tendría sentido alguno que el pueblo optara por una idea de país futuro, representado en las propuestas de campaña electoral, que no fueran de recibo en el plan de desarrollo.

Los modelos de gobernanza modernos deben contener políticas públicas de planificación participativa y de presupuestación participativa como instrumentos de gestión democrática.

Es difícil encontrar un documento oficial de mayor relevancia en cualquier Estado, a pesar de lo cual la gran mayoría de los ciudadanos –de países grandes, medianos y pequeños, desarrollados o en vías de desarrollo– suele desconocer el PND de sus respectivas ciudades, provincias (o departamentos) y naciones.

Puede dejarse de lado por el momento el asunto de las posibles causas para que esta realidad se presente, y proceder a resumir el contenido esencial del plan presentado por el actual gobierno colombiano, bajo el título “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, aprobado el 19 de mayo del presente año en el Congreso de la República mediante la Ley 2294, y sancionado por el presidente de la República en Puerto Inírida, capital del departamento del Guainía, al sur del país.

El Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y su equipo de gobierno, un documento de 166 páginas, posee la particularidad de haber sido realizado en su mayor parte por las comunidades directamente, en un claro ejercicio de democracia participativa. Esto no es lo común, y de ahí su primer mérito, pues por lo general estos planes ni se estructuran con la participación de los ciudadanos, ni estos acostumbran leerlos. Este proceso participativo recibió más de 6.500 proposiciones de más de 250.000 colombianos y colombianas que hicieron parte de los 51 Diálogos Regionales Vinculantes con aportes de las entidades territoriales y de los distintos sectores que integran la sociedad civil.

El Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2022-2026 en Colombia tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder en la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticas y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro modelo de desarrollo y la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Este PND está ordenado alrededor de cinco ejes clave: 1. Derecho humano a la alimentación; 2. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia social; 3. Convergencia regional; 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática; y 5. Seguridad humana y justicia social.

Estos ejes se enfocan en transformaciones específicas que abarcan diferentes áreas, como, entre otras, el ordenamiento territorial, la seguridad humana, la energía, la economía, la ciencia, la cultura, la salud, la paz y la modernización del Estado. Algunas de ellas son:

1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua: Garantizar el acceso al agua para la población, y fomentar su uso sostenible. Con la entrega de 2,9 millones de hectáreas, Colombia avanzará en la restitución y titula­ción de la tierra como instrumentos esenciales para alcanzar la paz y potencializar la producción agrícola nacional. Superar los conflictos sociales, ambientales y económicos alrededor del uso y acceso a la tierra requiere formalizar la titulación de predios. Se alcanzarán 3,9 millones de hec­táreas formalizadas al final del cuatrienio.

2. Acción climática: Se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y promover una economía más sostenible y resiliente al cambio climático. Utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética que lleve al país hacia una economía verde. El país agregará 2.000 MW de capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable. Se am­pliará las áreas en proceso de restauración, y se recuperará y rehabilitará 1,7 millones de hectáreas de ecosistemas degradados, 750.000 más que en 2022. Reducción de la deforestación nacional en un 20 %, 35.000 hectáreas menos frente al 2021. Incrementar a 56,3 % la participa­ción de las exportaciones de bienes no mineroenergéticos y servicios en el total de exportaciones. Duplicar la inversión en Investigación y Desarrollo. Llegar a 2,14 millones de toneladas de CO2 mitigadas por el sector transporte, dos millones más que en 2021.

3. Convergencia territorial: Reducir a un 26 % el número de hogares con déficit habitacional en el país, que en 2021 fue de 31 %. Llegar a más de 88.000 kilómetros de vías terciarias intervenidas; hoy la cifra es de 55.240. Bajar la brecha del Índice de Pobreza Multidimensional en los municipios respecto al total nacio­nal de 12 puntos porcentuales a 7,4.

4. Seguridad humana y justicia social: Garantizar los derechos humanos y la seguridad de la población, así reducir la pobreza multidimensional del 16 % en 2021 a un rango entre 11,5 % y 9,5 %. Pasar de 38,3 millones de accesos a internet en el país en 2021 a más de 71,4 millones. Habrá la cobertura de educación superior más alta de la his­toria, al pasar de 53,9 en 2021, a 62 % al final del cuatrienio. Se au­mentará en un 6 % los ingresos de los micronegocios de la economía popular atendidos. Las mujeres jefas de hogar dedicarán menos horas al cuidado no remunerado de niños, niñas, adultos ma­yores o personas con discapacidad, al pasar de 22 horas semanales promedio, en 2021, a 19 horas en cuatro años. Las muertes por accidentes viales bajarán un 23 %, pasando de 7.238 en 2021 a 5.723 en 2026. Bajar drásticamente la mortalidad materna, de 83 por cada 100.000 en 2020 a 32 por cada 100.000.

5. Derecho humano a la alimentación: Facilitar el acceso a una alimentación adecuada y suficiente para toda la población. Disminuir la po­breza extrema a un dígito, al pasar de 12,2 % en 2021 a 9,6 % en 2026. Eliminar el hambre en la primera infancia. Dismi­nuir fuertemente la mortalidad de niños por desnutrición menores de 5 años, reduciéndola a 3,37 por cada 100.000. Se fortalecerán 96 instalaciones portuarias, frente a 12 intervenidas en 2022. Aumentar en 10,38 % la producción en cadenas agrícolas priorizadas para el Derecho Humano a la Alimentación, al pasar de 35,3 toneladas de alimentos a más de 38,9.

6. Transformación energética: Transitar hacia una matriz energética más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles.
7. Economía y empleo: Promover el crecimiento económico y la generación de empleo, así como la formalización del trabajo y la reducción de la informalidad.
8. Ciencia, tecnología e innovación: Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico para impulsar la competitividad y el desarrollo económico del país.
9. Educación y cultura: Garantizar el acceso a una educación de calidad, además de promover la diversidad cultural.
10. Salud y bienestar: Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad, y promover el bienestar de la población.
11. Paz, seguridad y defensa: Consolidar la paz y la seguridad en el país, así como fortalecer las fuerzas de defensa y seguridad.
12. Gestión pública y modernización del Estado: Mejorar la eficiencia y transparencia del Estado, lo mismo que fortalecer la gobernanza y la participación ciudadana.

Es de resaltar que el plan define un conjunto de apuestas en materia económica para garantizar la disponibilidad de los recursos públicos que permitirán financiar sus metas.

El objetivo básico de este PND, que se propone metas viables y financiables, es transformar el país en una “Potencia Mundial de la Vida”, a través de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de las innumerables injusticias del presente.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia propone, en síntesis, una serie de medidas en diferentes áreas con el fin de lograr la mejoría de las condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales del país. Estas medidas buscan garantizar el acceso a servicios básicos, promover la inclusión social, fomentar la sostenibilidad ambiental, mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer la economía nacional, entre otros propósitos.

Ahora nos corresponde una tarea a las organizaciones de la sociedad civil, al sector académico y al propio gobierno adelantar una labor pedagógica ante los amplios sectores populares y de la Colombia profunda para dar a conocer, estudiar y si es caso defender el PND, además de evaluar la gestión y cumplimiento de metas del plan, y ejercer el debido control social.