El pasado 7 de junio en la plaza de Bolívar de Bogotá, durante la marcha de apoyo al gobierno nacional y sus reformas, el presidente Gustavo Petro dijo:

“De ahora en adelante (…) debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia: discutiendo, gobernando (…). Cada asamblea popular reunida periódicamente en cada municipio debe tomar decisiones: sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad para movilizarse, (…). Nos vamos a movilizar millones en Colombia, no solo los 11 millones y medio que votaron por el poder popular, sino millones que no votaron por nosotros (…) Los esperamos, les abrimos los brazos. Se necesita es la unidad del pueblo (…). No más divisiones populares. Unirnos, unirnos para gobernar. La fase que sigue es el gobierno popular, y vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce. Las asambleas populares en cada municipio son para gobernar. Quiero que ustedes, hombres y mujeres, trabajadores, estudiantes, mujeres del pueblo, se sientan gobierno. No soy yo el gobierno, son ustedes. Yo soy apenas un mandatario, un sirviente de ustedes. Llego hasta donde ustedes quieran (…). Pasamos a ser gobierno, y los gobiernos deciden: deciden sobre la tierra, deciden sobre el agua (…). Hablen, exprésense, tomen decisiones.

Es, en síntesis, una convocatoria al gobierno participativo a la democracia directa.  

La figura democrática de la asamblea popular consiste en una reunión local de ciudadanos sin cargos políticos que dirimen temas sociopolíticos y económicos que atañen a su localidad o región, aunque también se organizan asambleas populares en los lugares de trabajo o en instituciones educativas. Son una respuesta al déficit de la democracia representativa, y sus decisiones colectivas tienen poder soberano paralelo a la legislación estatal y en competencia con ella.

Es un lugar común repetir que Colombia es la democracia más estable de Latinoamérica, lo cual es una falacia dado lo amplio y complejo del concepto mismo de democracia (que no se limita a la elección de gobernantes y legisladores en elecciones periódicas), y, sobre todo, dado que en este país, al igual que en la mayor parte de los latinoamericanos, lo que ha habido son regímenes oligárquicos, plutocráticos, en el marco de una acusada y acusable dependencia semicolonial.

Las prácticas de democracia participativa se remontan al origen mismo del sistema democrático en Grecia en el año 594 antes de nuestra era. El gobernante de Atenas por aquella época, Solón, debió afrontar la situación de que la mayor parte de las riquezas y del poder estaban en manos de unos pocos nobles terratenientes (más o menos como ocurre hoy y desde siempre en Colombia), ante lo cual este sabio y político le arrebató a la aristocracia el monopolio del poder repartiéndolo equitativamente entre los hombres libres de la ciudad. Se dio comienzo entonces a la asamblea legislativa de la Grecia antigua, conocida como ecclesia, que tenía la última palabra en lo relativo a la legislación ateniense, las declaraciones de guerra, la firma de la paz, la estrategia militar o la elección de dirigentes militares. Había limitaciones como el hecho de que a ella solo podían asistir hombres adultos que hubieran prestado al menos dos años de servicio militar y que fueran hijos de padres atenienses, aunque se permitía la participación de los ciudadanos más pobres. En esa asamblea o ágora (convertida en el centro de la vida política, social y comercial de la ciudad) los asistentes tenían voz y voto por igual. En el ágora se deliberaba y era la instancia última en la toma de decisiones públicas.

Mucho más tarde, en el siglo XVIII, tras las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, con el surgimiento de democracias sustentadas por un sistema político, se consolidó la democracia. En este periodo histórico comenzaron a caer o a perder poder las monarquías europeas, se empezó a crear lo que conocemos como el Estado Nación, y se generalizó la idea de la soberanía popular: las personas pueden regirse por sí mismas, bajo el principio de que los seres humanos, en su totalidad, son libres, iguales ante la ley, y viven en un escenario de fraternidad, cuidado y paz social.  

De este último ideario provienen los logros esenciales de la Constitución de 1991, a partir de la cual se le dio voz y visibilidad a millones de personas en Colombia, que se asume constitucionalmente como un país pluricultural y multiétnico. Pero lo más importante es que se pasa del modelo de democracia representativa al de democracia participativa, incluyente. ¿Y qué significa esto? Que las decisiones trascienden a quienes están en el poder, y el pueblo adquiere el derecho a sugerir o presionar para que se cumplan propuestas, así como a decidir de manera autónoma sobre lo más conveniente para sus territorios. Para hacerlo posible en la práctica, se expidió la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, la cual incluye mecanismos de participación ciudadana directa como el Referendo, la Iniciativa Legislativa y Normativa, el Plebiscito, la Consulta Popular, la Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente, y el Cabildo Abierto. Estos instrumentos responden a la crisis consuetudinaria de representatividad que ha habido en Colombia, donde las mayorías nacionales no confían o no se sienten representadas por los dirigentes, sean estos nombrados o elegidos en las urnas. La política deja de tener una naturaleza exclusivamente partidista y electoral, abriendo espacios para que sean los ciudadanos quienes asuman el destino de sus comunidades y generen una incidencia real en las decisiones que los afectan. Se instaura, así, un concepto derivado de la ecclesia griega, la isegoría, es decir, “que todo el mundo tiene el derecho a decir algo”: La gente no necesita ya de mediadores, voceros o representantes para manifestarse políticamente.

Y es a lo que ha convocado en su discurso el presidente Petro: a generar escenarios de diálogo y discusión en las regiones; a profundizar la democracia; a empoderar al pueblo, que es el constituyente primario. Esto contribuye a recomponer el tejido social y a generar atmósferas de fraternidad y amistad, lo que en la Grecia clásica se llamaba homonoia: la idea de amistad, de concordia en igualdad democrática dentro del principio de que entre amigos no hay injusticias.

En las asambleas populares se entablan debates que generalmente han estado confinados en las academias y los parlamentos, además de que cumplen una función formativa, que es fundamental en una democracia que merezca ese nombre, pues debatir supone escuchar, razonar, argumentar, enseñar, ceder, aprender; se afianzan de este modo virtudes como la tolerancia, pues hay que escuchar a quienes difieren de nuestras ideas, y la capacidad argumentativa, dado que es preciso defender con argumentos comprensibles y racionales nuestros puntos de vista. Todo esto en pro de mejorar las condiciones de los territorios en sus diferentes aspectos: ambientales, laborales, de salubridad, educativos, de seguridad, culturales, etc., tanto de sus respectivas regiones como de otros contextos: nacionales o internacionales.

Una de las modalidades de asamblea popular más eficaces para llegar a acuerdos entre la población y las autoridades gubernamentales es el Cabildo Abierto, que, según la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, pueden realizarse “por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del respectivo departamento, municipio, distrito, localidad o comuna; se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre, y cuando sean de competencia de la respectiva corporación. Es obligación del alcalde o gobernador, según sea el caso, asistir al cabildo abierto”. Los mandatarios, regionales o locales, tienen la obligación no solo de asistir, sino de ofrecer respuestas a las inquietudes ciudadanas planteadas en estas asambleas.

Puede y debe recurrirse también a otros mecanismos, pero lo significativo de estas metodologías es que constituyen espacios legítimos y soberanos, surgidos espontáneamente y que responden a agendas políticas propuestas por la ciudadanía, no por las entidades estatales. Como dice el vocero de una Asamblea de Ciudad Bolívar, en Bogotá, durante las manifestaciones de 2021, “Los que estamos aquí tenemos que ser sujetos activos en la toma de decisiones frente a, por ejemplo: las elecciones, el panorama político, pero también tenemos que ser veedores ciudadanos sobre el cumplimiento de las cosas o las garantías a las que lleguemos”.  Se trata, pues, de proponer soluciones y de ejercer veeduría para que estas se cumplan. Por lo demás, estas prácticas de democracia popular también podrían replicarlas las familias, los empleados en sus empresas, los residentes de un edificio, los estudiantes de un colegio o de una universidad, etc. 

Las nuevas tecnologías informáticas ayudan a este proceso democratizador en la medida en que generan novedosas formas de encuentro, debate y decisión, como se ha visto durante el periodo de la pandemia y durante las movilizaciones masivas de 2019 y 2021, que dieron lugar al activismo digital.

En este momento histórico de cambio irreversible por el que atraviesa el país, es preciso instalar asambleas populares inicialmente en defensa del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, y en especial en apoyo de las reformas estructurales que han propuesto, y por las cuales votaron 11 millones y medio de personas: la de la salud, la pensional, la laboral, la agraria, la paz total y las que están pendientes de presentarse al Congreso de la República.

El ensañamiento contra el presidente Petro por parte de los medios de comunicación y de la clase política viene desde cuando fue senador, a raíz de sus múltiples y valientes denuncias como el robo de seis millones de hectáreas de tierra por el paramilitarismo en alianza con sectores estatales, y desde que fue alcalde mayor de Bogotá, por actos tan “delictivos” como rebajar el precio del transporte urbano para los estudiantes de colegios públicos.

Es preciso hacer frente a la campaña desenfrenada e incesante de los medios tradicionales que defienden los intereses amenazados de los grandes grupos económicos. Es imperioso responder a los ataques infundados del poder mediático en manos del gran capital. Saben y sabemos que, con las reformas -que benefician a las grandes mayorías tradicionalmente relegadas- están en juego las billonarias ganancias de los dueños de los medios.

El Gobierno del Cambio necesita espacios de comunicación que refuercen la labor de los pocos existentes, como el Canal Institucional (de audiencia mínima) y RTVC, lo mismo que recurrir a la tecnología digital, como las redes sociales Skype, Zoom, Slack, Space, Facebook Live, Google Meet, Microsoft Teams, Instagram Live, Jitsi, etc., y apoyar logísticamente a las decenas de canales de Youtube dirigidos por influencers comprometidos con las transformaciones en curso. Asimismo, el ministerio de las TICS debería promover las propuestas de periodismo alternativo, así como entregar licencias para que se creen emisoras comunitarias a fin de difundir ante grandes públicos las propuestas e ideas del ejecutivo. No basta con el Twitter del presidente, el arma de defensa que tanto le critican, pero sin el cual no habría podido replicar a la infinidad de ataques infames en su contra. No es el presidente quien “censura” a una prensa ideologizada; es el pueblo quien exige una información veraz, confiable, transparente.

Sin esas estrategias necesarias, urgentes, seguiremos en manos de quienes distorsionan la realidad sociopolítica con calumnias, silenciamientos, cancelaciones, manipulaciones y selectividad informativa en defensa de los intereses corporativos de los magnates de los mass media.