La primera línea del cambio: por una Asamblea Nacional Constituyente

En su discurso ante la minga indígena en Cali el pasado viernes 15 de marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro convocó a las primeras líneas (indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, trabajadores, estudiantes, ambientalistas, campesinos, personas en situación de discapacidad, sector LGBTIQ+, pensionados, etc.) a convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La razón coyuntural (que se suma a otras previas) por la cual el presidente propone esta salida es que la oposición del Congreso se muestra inferior a su tarea, como lo ha demostrado con la insólita decisión de ocho senadores de la comisión séptima del Senado de archivar la reforma a la salud, lo que hace pensar que con las otras reformas trascendentales en trámite el Congreso podría hacer lo mismo: Estar al lado de los intereses del gran capital y archivarlas.

“Se trata de cambiar a Colombia –dijo el presidente Petro–, y el país cambia si cambia su sistema de salud, el agrario, el laboral, el pensional, la relación entre las personas… Concertación, sí, pero con el pueblo en las calles… El pueblo a través de su voto decretó unas reformas… Son las transformaciones de las instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, son las instituciones las que cambian. Por eso Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se puede arrodillar. El triunfo electoral de 2022 se respeta, y la Asamblea Nacional Constituyente debe reformar las instituciones”.

Se trataba, en efecto, de volver a reconocer derechos cercenados en administraciones anteriores acudiendo a un mecanismo extraordinario contemplado en la Constitución. La ANC permitiría hacer viable que la reforma a la salud deje de ser una mercancía, que la reforma pensional entregue a los adultos mayores una pensión digna, que la reforma laboral restituya derechos arrebatados a la clase trabajadora, que la reforma agraria entregue tierra y créditos blandos a los campesinos, que la reforma educativa siga avanzando en cobertura, calidad y recursos, y que la reforma a la justicia supere la morosidad, la impunidad y priorice la convivencia pacífica y la paz.

Hace poco más de 33 años, Colombia vivió una crisis institucional similar cuando el paramilitarismo y el narcotráfico se tomaron el Estado, y un grupo de estudiantes impulsó la llamada “séptima papeleta” que propuso un voto adicional en las elecciones legislativas de 1990 para que los ciudadanos decidieran si querían una nueva Constitución Política por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta fue respaldada por más de dos millones de votos, y en diciembre de 1990 se eligieron 70 asambleístas que en 150 días se encargaron de redactar la nueva carta constitucional.

La ANC no existía en nuestro ordenamiento jurídico, pero fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de esa época y luego incorporada en la Constitución del 91 como un mecanismo de reforma constitucional. El artículo 374 de la Constitución dice que ésta podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

Entendemos que en una democracia hay una separación de poderes, así como unos pesos y contrapesos. En el caso del poder legislativo, es responsabilidad del Congreso de la República presentar y aprobar las leyes que favorezcan al pueblo. Si no lo hace, está desnaturalizando su función, como ocurre en estos momentos. Gobiernos y parlamentos anteriores desmontaron derechos y garantías ciudadanas, y se dedicaron a proteger a conglomerados económicos, en un nuevo corporativismo. A todo esto, se opone el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez que, una vez instalado en el poder, propuso un acuerdo nacional y le entregó ministerios a representantes de centroderecha que luego lo traicionaron no apoyando las reformas, motivo por el cual conformó luego un gabinete más cercano a su línea ideológica progresista.

Sin embargo, los medios hegemónicos (en manos de los grandes grupos del poder económico), sectores de la ultraderecha como el Centro Democrático y algunos militares retirados, han realizado y realizan una incisiva campaña de ataque y desprestigio contra el gobierno a través de noticias falsas o posverdades, al tiempo que ocultan o minimizan sus muchos logros sociales y económicos, así como su creciente imagen internacional. Todo encaminado a provocar un golpe de Estado blando.

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez no tiene mayoría en el Congreso porque los sectores derechistas están unidos en la defensa de los grupos económicos que los financian, incluidos las EPS. Tiene oposición en la rama judicial, la Corte Constitucional tumbó unos decretos de emergencia que beneficiaban a la población sin agua de la Guajira; en el Consejo de Estado, que en tiempo récord ha anulado la credencial de varios congresistas progresistas y la dignidad de la vicepresidencia del Senado María José Pizarro; en la Procuraduría, que emitió fallos rápidos e injustos como los del canciller Leiva y algunos superintendentes; y también en los gremios y los medios corporativos.

Con toda esta oposición, que no resalta nada de los muchos logros de este gobierno en todas las áreas, no le dejan otra vía que recurrir al constituyente primario, al pueblo que lo eligió con la mayor votación de la historia del país ( Once millones trescientos mil votos) para que elija en las urnas a los delegados que hagan una reforma estructural del Estado a través de la ANC. Nuestra propuesta es que se convoque una Constituyente acotada para que aborde las reformas de salud, laboral, agraria, pensional, educativa y de justicia.

El proceso legal para convocar una Asamblea Constituyente es complejo. Primero tiene que presentarse al Congreso un proyecto de ley que debe pasar cuatro debates, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, luego de lo cual, si logra pasar (con la aprobación de la mitad más uno de los legisladores), va a refrendación de la Corte Constitucional. De modo simultáneo, debe activarse la organización electoral, emprender una campaña de elección de los constituyentes y por último proceder a las discusiones para redactar la nueva Constitución explicitando los temas que se pretenden reformar, el número de personas que conformarían la Asamblea, así como el tiempo durante el cual sesionaría.

Ahora bien, podría pasar mucho tiempo (al menos un año) entre la presentación de la ley al Congreso, su aprobación y la decisión de la Corte Constitucional. Y después viene la primera votación popular para aprobar la convocatoria a la ANC con al menos la tercera parte del censo electoral, es decir, más de 13 millones de votos de los cerca de 40 millones del censo electoral, y posteriormente la segunda votación para elegir a los delegatarios.

Si el proyecto de ley se presenta en la próxima legislatura (segundo semestre de 2024), y si cuenta con la aprobación del Congreso y de la Corte Constitucional hacia mediados de 2025, y si la Asamblea sesiona como la de 1990 durante cinco meses, a finales de ese año podría realizarse la última votación: medio año antes de terminar el periodo presidencial.

Acogiendo la propuesta del presidente Petro, hay que iniciar desde ya una gran campaña pedagógica y política entre todos los sectores populares para que, primero, le exijan al Congreso que aprueben la ley de convocatoria, y, segundo, que la apoyen. Lo demás es elegir a unos buenos representantes a la ANC. También es preciso conformar un Frente Amplio que defienda las reformas.

Como se puede observar, el camino no es expedito. Por lo tanto, se requiere la mayor convocatoria a las bases populares: trabajadores, estudiantes, indígenas, afrodescendientes, campesinos, feministas, animalistas, ambientalistas, pensionados y demás sectores y movimientos sociales.

Desde las calles y desde las urnas, hay que recuperar y fortalecer el tejido social bajo la consigna “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, asumiendo la defensa de las reformas, la justicia social y ambiental, la seguridad alimentaria, el cambio económico y cultural, la superación del modelo neoliberal y la paz total. Y hay que promover la Asamblea Nacional Constituyente en los municipios y departamentos, ya que el Congreso no tiene voluntad de aprobar las reformas por las que mayoritariamente votaron los ciudadanos.

El cambio deriva de la masiva participación del pueblo y de la consolidación del poder popular, el cual deberá construirse sin exclusiones, con democracia, con participación de todas las fuerzas del cambio aglutinadas alrededor del Pacto Histórico y de otras fuerzas sociales y políticas que se sumen.

Es preciso comprender que hoy somos gobierno, que estamos pasando de la resistencia a la gobernanza popular en los territorios. Para lo cual tenemos que educar y educarnos, organizarnos, elevar el nivel ideológico, cultural, político y de participación social.