Los pilares de la reforma pensional en Colombia
Por Álvaro Sepúlveda Franco, abril 4 de 2023
La pensión de jubilación puede ser un final, un cierre,
pero también es un nuevo comienzo.
Catherine Pulsifer
En el programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, incorporado luego al Plan Nacional de Desarrollo, se propuso reformar el actual sistema pensional. Es así como el pasado 22 de marzo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó el proyecto para que sea debatido en el Congreso de la República. La iniciativa ha sido calificada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, como “un excelente acuerdo” entre su ministerio y el de Trabajo.
El proyecto apuesta por el bienestar de los adultos mayores colombianos, lo cual se espera que contribuya a cimentar un clima de paz y de justicia social. Como era de esperarse, la propuesta ha generado expectativas en unos y escepticismo en otros. El hecho es que se trata sin duda de uno de los proyectos de mayor trascendencia del actual gobierno, y sería una de las mayores intervenciones al sistema pensional de Colombia en décadas.
Es importante recordar que en el sistema pensional actual existen dos regímenes: el de ahorro individual con solidaridad, conformado por fondos privados (Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP) como Porvenir, Skandia, Protección, Colfondos; y el de prima media, manejado por Colpensiones, empresa del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo. En ambos se puede obtener una pensión, pero las condiciones y características son diferentes.
En el régimen privado, se tiene una cuenta a nombre del cotizante, y se van haciendo aportes mensuales para la pensión; el capital se invierte, y los fondos cobran una comisión por esta operación (en los extractos puede verse que los rendimientos fluctúan según las inversiones del fondo). En el público, el dinero captado se destina a una cuenta común, y los aportes pagan las pensiones de los actuales jubilados.
En el privado, la asignación pensional se calcula según el ahorro realizado durante toda la vida laboral; los requisitos exigidos para poderse pensionar son: tener la edad reglamentaria, que es igual en ambos regímenes, 57 años o más para mujeres y 62 o más para hombres –en el caso de las personas no binarias, se considera el género con el que se identifiquen–, y cumplir con un mínimo de 1.150 semanas cotizadas, y de no cumplirse estos requisitos, se puede obtener devolución de unos saldos ajustados a la inflación más los rendimientos de las inversiones realizados con los aportes de la cuenta individual. En el público, el monto de la pensión se calcula con base en un porcentaje de los ingresos de los últimos 10 años; los requisitos son: cumplir con la edad y haber cotizado 1.300 semanas, y si tales requisitos no se cumplen, se obtiene una devolución de aportes ajustados a la inflación.
Los aportes mensuales a pensión, en ambos regímenes, equivale al 16 % del salario del trabajador, de los cuales el 12 % lo aporta el empleador y el restante 4 % el empleado.
Se puede cambiar de un régimen a otro, pero esto debe hacerse antes de que falten 10 años para la edad de pensión. Tanto los privados como los públicos cobran la misma cifra de comisión por el manejo de los ahorros.
Pero este sistema pensional tiene tres grandes problemas: uno, baja cobertura (3 de cada 5 personas con edad de pensionarse no pueden hacerlo); dos, competencia desigual entre el régimen público y el privado; y tres, la regresividad, pues se subsidia a las personas con más altos ingresos.
La reforma busca remediar cada uno de estos problemas: garantizar el derecho a la jubilación a un mayor número de ciudadanos, eliminar la competencia entre el régimen privado y el público haciéndolos complementarios, y acabar con la regresividad obligando a que quienes reciben menos de tres salarios mínimos pasen a Colpensiones y que quienes perciban más de tres s/m se trasladen a los fondos privados. Esto se pretende conseguir manteniendo el actual sistema de pilares, que pasarían de tres a cuatro: el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario.
El primer pilar, el solidario, es la asignación a partir de 2025 de una mesada, o renta básica, de $223.000 a 2,5 millones de personas mayores de 65 años sin pensión ni otra clase de ingreso. Es menos de lo que se había prometido en la campaña (medio salario mínimo), pero casi el triple de lo que otorga hoy el programa “Colombia mayor” ($80.000) a 1,5 millones de adultos mayores. El costo aproximado de este pilar sería de entre 6 y 7 billones de pesos, de los cuales entre 4 y 5 billones saldrían del Presupuesto General de la Nación. Podrán seguir recibiendo el subsidio de “Colombia mayor” los beneficiarios de este programa que no cumplan los requisitos del pilar solidario.
El segundo pilar, el semicontributivo, es un complemento que hace el gobierno a quienes, pese a tener semanas cotizadas en Colpensiones o en las AFP, no se pudieron pensionar. Los saldos no se transferirán directamente al cotizante (como ocurre hoy), sino que serían transformados en una renta vitalicia. Si alguien por ejemplo ha cotizado 700 u 800 semanas, en las condiciones actuales el fondo público o el privado hace una devolución ínfima, pero es preferible que se le asigne una pensión proporcional a lo cotizado que es menor a un salario mínimo, que al menos dignificante y permanente.
El tercer pilar, el contributivo, consiste en la obligatoriedad de que los trabajadores que reciben tres salarios mínimos o menos coticen en el sistema de prima media, Colpensiones, y quienes tengan salarios superiores a ese monto lo hagan en los fondos privados. La propuesta inicial era a partir de cuatro salarios mínimos, pero de todos modos se cubre a la mayor parte de los colombianos, el 85 %. Con esta medida se corrige la regresividad del sistema vigente, dado que ningún salario de más de tres mínimos recibiría subsidio alguno. Un beneficio adicional de este tercer pilar es que no habría jubilaciones de más de 3 s/m a cargo del Estado, excepto las de policías, militares y profesores. Por otra parte, la reforma plantea beneficios para las mujeres con hijos que coticen en Colpensiones: se les disminuye 50 semanas de cotización por cada hijo que tengan hasta un mínimo de tres, una vez cumplida la edad, como un reconocimiento al hecho de que son las mujeres quienes preferentemente asumen el cuidado de los menores que es un trabajo no remunerado.
El cuarto pilar, el de ahorro individual voluntario, es la opción que tienen las personas con mayor capacidad económica, y que lo deseen, de acumular capital adicional para recibir en su vejez una mejor pensión.
El propósito de base con estas modificaciones es que aumenten los recaudos de Colpensiones, que pasarían de 14 billones de pesos anuales a 35 billones (mientras que las AFP pasarían de captar 30 billones a 9 billones). Para que esto sea posible, la reforma permitirá durante los dos primeros años de su vigencia el traslado entre regímenes a los cotizantes que tengan más de 1.000 semanas y les falten menos de 10 años para la edad de pensión. Además, de esos 35 billones Colpensiones deberá ahorrar el 20 %, es decir, 7 billones. El hecho es que entre más personas coticen al sistema pensional público, habrá más recursos, lo que permitirá aumentar el fondo solidario.
¿Y qué hará Colpensiones con el dinero captado? Deberá invertirlo, no gastarlo, pues, como advierte el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, “Cuando aparece en Colombia cualquier imprevisto, será tentador para los gobiernos echarle mano a ese ahorro”. Esos recursos deberán blindarse de tal manera que no se permita su uso para otro fin, ni siquiera en situaciones excepcionales. Por eso se prevé la creación de un fondo para el ahorro, que podrá invertir en TES o en el mercado de valores, que permita pagar en el largo plazo las pensiones de las futuras generaciones. El ministro Ocampo afirmó que “Colpensiones funcionará como viene funcionando, solo que recibirá un número importante de nuevos afiliados y tendrá que mejorar su funcionamiento, pero el fondo de ahorro, que tenemos que diseñar cómo funcionará, será independiente, bien manejado, que invierta en bonos nacionales públicos o privados”. Y añadió: “Los fondos privados hoy compran aproximadamente una cuarta parte de sus recursos en TES y el resto en otras cosas; ya veremos cómo será la estructura del fondo público asociado a Colpensiones, pero no hemos dicho que la mayoría de la inversión vaya a ser a deuda pública”.
Ahora bien, entre las preocupaciones que genera la reforma en diversos sectores de la opinión pública están: uno, no se menciona la restitución de la mesada 14, eliminada en 2003 durante el primer gobierno de Álvaro Uribe; dos, si el salario mínimo sigue creciendo por encima de la productividad, no alcanzarían los recursos para garantizar la jubilación en el pilar contributivo; tres, no se ofrece solución al problema de la informalidad, que afecta la cobertura del estado actual del sistema; y cuatro, la disminución de 50 semanas de cotización a las mujeres por cada hijo podría restarles opciones laborales, por cuanto los empleadores podría despedirlas o no contratarlas. Por otra parte, temas como el de la invalidez y el de la sobrevivencia en caso de fallecimiento del pensionado no se mencionan en la propuesta de reforma.
Frente a lo cual el debate sigue abierto, aunque es evidente que pesan más los beneficios que las desventajas para la clase trabajadora. Además, la oposición a esta reforma era previsible, puesto que los consorcios empresariales tradicionalmente privilegiados dejarían de ganar de varios billones de pesos.
De ahí la importancia de que la ciudadanía rodee al gobierno y asuma la defensa de esta y las demás reformas, por las cuales más de 11 millones de colombianos apoyaron en las urnas al actual Gobierno del Cambio.