Se empieza a imponer la narrativa de los grandes grupos económicos, los partidos políticos tradicionales y los medios corporativos de comunicación: el pasado martes 20 de junio la oposición parlamentaria de Colombia sepultó la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Es una gran derrota para el actual gobierno progresista, y en especial para la clase trabajadora, al tiempo que fue aprobado el inconveniente código electoral, sin contemplar las listas paritarias, cerradas y otras garantías para las mujeres.

Algunos congresistas habrán depositado su voto a conciencia, por convicción, por ideología; pero otros, y no pocos, lo hicieron por defender intereses empresariales. No es cuestión de mencionar nombres propios ni formaciones políticas determinadas; el asunto es reconocer que así funcionan nuestras “democracias”: gran parte de los parlamentarios votan en contra de los intereses de los sectores populares, de la clase trabajadora, y en beneficio de quienes los financian y además están interesados en que todo siga como está o empeore.

No obstante, hay que mantener la doble esperanza: de que, en las próximas elecciones para corporaciones públicas, alcaldes y gobernadores de las entidades territoriales nos fijaremos bien antes de apoyar a corruptos; y de que en la próxima legislatura las otras reformas, en especial las de salud, pensiones, reforma rural integral y paz total, logren salvarse. Se requiere intensificar las campañas pedagógicas; el contenido de las reformas, que son en beneficio del pueblo, tiene que ser conocido y comprendido por los colombianos.

¿Por qué es tan importante reformar el actual sistema de salud? Porque en el actual (la ley 100 de 1993, reflejo en lo nacional del modelo neoliberal globalizado) el Estado les entrega billonarios recursos a empresas privadas que en la mayoría de los casos los dilapidan, provocan quiebras o les dan usos distintos, y han ocasionado, con el retraso o la no entrega de pagos, el cierre de decenas de hospitales y clínicas, privadas y públicas; en 2022 las EPS acumularon pérdidas operacionales por 4,2 billones de pesos, y su deuda con los prestadores de servicios de salud ya superan los 23 billones. Además, ha generado miles muertes previsibles, deshumanizó la práctica médica, y creó múltiples barreras de acceso a la atención sanitaria, lo que obliga a que se interpongan infinidad de tutelas y derechos de petición. La salud, al igual que sus determinantes sociales (seguridad alimentaria, agua, vivienda, cultura, saneamiento básico, ambiente sano, trabajo decente…), ha dejado de ser un derecho constitucional, “fundamental y autónomo”, estipulado como tal en la Constitución de 1991, para convertirse en un bien de mercado, en una mercancía. Algunos empresarios, políticos y organizaciones médicas han colocado sus intereses particulares por encima de la salud y la vida de la población. En síntesis, desde hace 30 años este derecho se ve impedido por múltiples obstáculos. Es por estos y otros motivos que el Ministerio de Salud y Protección Social, presentó el proyecto de una reforma estructural que mejore los servicios de salud, mantenga la cobertura e impida que, al costo de que unos cuantos individuos y/o corporaciones se enriquezcan, se desmejore este servicio esencial. La promesa de campaña del Gobierno del Cambio, bajo el lema “Salud para la vida, no para el negocio”, era garantizar “el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera”. Para conseguirlo, proponía, con un presupuesto de 40 billones de pesos, crear centros de atención primaria (eje de la propuesta) privados y mixtos con énfasis en territorios abandonados, cambiar la función de las EPS (no su eliminación como se había dicho inicialmente), hacer énfasis en un esquema preventivo y predictivo, recuperar la autoridad sanitaria, crear un fondo único de salud y redes integradas e integrales, dignificar a los trabajadores y reconocer el papel de la mujer en el sector, incorporar la salud en el trabajo, desplegar “un plan de choque intersectorial para enfrentar el hambre y la desnutrición, superar los efectos de la pandemia y reducir la mortalidad materna, perinatal e infantil”, construir un sistema único de información, girar el dinero directamente a los proveedores del servicio, realizar el tránsito de un modelo poblacional a uno territorial, formalizar el personal asistencial y administrativo de 928 hospitales públicos durante cuatro años, implementar un sistema público de información en línea, y luchar contra la corrupción. Los que se oponen a la reforma carecen de propuestas concretas, ignoran o minimizan la deuda histórica existente (sobre todo en las zonas rurales donde la salud se convirtió en un privilegio exclusivo de unos pocos), han presentado una alternativa a la reforma plagada de eufemismos que cambia nombres pero que no soluciona las problemáticas de fondo.

¿Por qué es tan importante reformar el actual sistema pensional? Porque el proyecto de reforma que presentó la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, apuesta por el bienestar de los adultos mayores colombianos. El sistema pensional vigente es de muy baja cobertura (3 de cada 5 personas con edad de pensionarse no pueden hacerlo), propicia una competencia desigual entre el régimen público y el privado, y es regresivo, pues subsidia a las personas con más altos ingresos, lo cual se propone remediar con la reforma. Se busca garantizar el derecho a la jubilación a un mayor número de ciudadanos, eliminar la competencia entre el régimen privado y el público haciéndolos complementarios, y acabar con la regresividad obligando a que quienes reciben menos de tres salarios mínimos pasen a Colpensiones y que quienes perciban más de tres se trasladen a los fondos privados. Para lograrlo, aunque no se restituyen derechos como el de la mesada 14 despojada por el gobierno de Uribe a quienes se pensionaron a partir de 2006, se propone mantener el actual sistema de pilares, que pasarían de tres a cuatro: el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario. El solidario es la asignación a partir de 2025 de una renta básica de $223.000 a 2,5 millones de personas mayores de 65 años o más que no estén pensionados ni disfruten de otro tipo de ingresos; en el momento se les entrega $82.000 a 1.5 millones de abuelos y abuelas mediante el programa “Colombia mayor”, en el que seguirán los beneficiarios actuales que no cumplan los requisitos de este pilar. El semicontributivo consiste en un complemento a quienes no pueden pensionarse por falta de semanas laboradas: se les otorgarán asignaciones vitalicias proporcionales. El contributivo es la obligatoriedad de que los trabajadores que reciben tres salarios mínimos o menos coticen en el sistema de prima media, Colpensiones, y quienes tengan salarios superiores a ese monto lo hagan en los fondos privados. Por otra parte, a las mujeres con hijos que coticen en Colpensiones se les disminuye 50 semanas de cotización por cada hijo que tengan hasta un mínimo de tres, una vez cumplida la edad. Y el ahorro individual voluntario es la opción para las personas de mayor capacidad económica de cotizar más para recibir una mejor pensión. Colpensiones pasará de recibir 14 billones de pesos mensuales a 35 billones, y los fondos privados pasarían de captar 30 billones a 9 billones. La campaña presidencial del candidato Petro insistía en que había que aumentar el número de cotizantes al régimen público para evitar que el gobierno nacional deba girarle mensualmente varios billones de pesos para cubrir las mesadas; con ese dinero se fortalecerá financieramente a las universidades públicas del país. Era de esperarse la oposición a esta reforma, pues afectaría a grupos económicos tradicionalmente privilegiados.

¿Y por qué sigue siendo tan importante reformar el actual sistema laboral? Porque su propósito consiste en modificar la ley 50 de 1990 y la 782 de 2002 que desmejoró unos y eliminó otros derechos laborales. Con la intención de que se impulse el crecimiento económico, esta reforma del Ministerio de Trabajo busca otorgarles a los trabajadores formalizados mayores ingresos, más seguridad laboral y tiempo libre. El argumento del presidente Petro es que “al pagárseles más a los trabajadores formales, y al garantizárseles mayor tiempo libre, gastarían más dinero, lo cual impulsaría la economía y redundaría en el crecimiento de las empresas, que a su vez podrían contratar más y, así, continuar el ciclo. (…) La informalidad se supera no bajando los salarios de los trabajadores formales, sino empoderando la economía popular, asociándola, brindándole saberes, otorgando crédito abundante y barato”. En definitiva, se pretende responder a algunas de las peticiones que durante décadas vienen proponiendo los diversos movimientos sociales y los sindicatos bajo el amparo del mandato constitucional del derecho al trabajo y a la libre asociación. La reforma apunta a recuperar derechos perdidos como los recargos nocturnos, los dominicales, la estabilidad laboral (se busca contrarrestar el principio neoliberal de la “flexibilización” en las contrataciones y la tercerización a través de fraudulentas cooperativas de trabajo), así como reglamentar la remuneración salarial, la jornada de trabajo agropecuario, el derecho a la huelga, las licencias de paternidad y el tema de los despidos (las empresas estarían obligadas a pagar una indemnización de 45 días de salario por cada año laborado en caso de despidos injustificados). Esta propuesta de reforma al injusto sistema laboral colombiano provocó resistencias y generó alarmismo entre sectores empresariales y de la clase política tradicional, y en los sectores de la opinión pública en los que ejercen su influjo. Por eso fue por lo que se cayó: porque, en pro de mejorar las condiciones de la clase trabajadora un poco (no demasiado, pues no es una reforma radical), afectaba intereses corporativos y privilegios seculares defendidos por los gobiernos anteriores a cambio de beneficios económicos y electorales. Es falso que la reforma, al elevar los costos salariales, aumentaría el desempleo y la informalidad, pues la idea es fortalecer la demanda agregada incentivando la producción y por tanto un mayor empleo. Hay que fortalecer el mercado interno por medio de incrementos salariales y de condiciones laborales dignas; sin esto no es viable un proyecto de industrialización y recuperación económica.

En conclusión, es claro que desde antes de que las reformas fueran radicadas en el Congreso surgieron críticos y detractores. Eran previsibles las resistencias al primer gobierno progresista, popular, en 200 años de vida republicana. Colombia ha sido tradicionalmente un país conservador, de derecha, y desde las últimas décadas ha debido supeditar sus políticas públicas a los dictámenes de los organismos multilaterales de crédito que, para asegurarse el pago constante de la deuda externa, imponen condiciones a los gobiernos, en detrimento siempre de la población.

Por otra parte, esta primera reforma se hundió, lo mismo que otros proyectos de ley, porque las bancadas de congresistas recurrieron a tácticas –que deberían ser proscritas o sancionadas– como las famosas “jugaditas”, entre ellas retirarse del recinto, o no asistir, para que no haya quórum. El Congreso está cooptado por intereses gremiales, y por una historia de siglos de conservadurismo y corrupción. Hay que agradecerles y felicitar a los congresistas ponentes, como Alfredo Mondragón, María Fernanda Carrascal, Martha Alfonso, y a quienes hasta última hora defendieron con argumentos y ahínco la reforma, como María José Pizarro, Clara López, Wilson Arias, entre otros congresistas del Pacto Histórico. El hecho puntual es que se han perdido las mayorías que se tenían en el Congreso tras la inicial coalición de gobierno; no se cuenta ya con la proporción 55/86 a la que se ha referido de manera reiterada el exsenador Gustavo Bolívar.

Repetimos, sin embargo, que es preciso mantener la esperanza. Hay que volver a presentar la reforma laboral en la próxima legislatura, y continuar apoyando al gobierno desde las redes sociales, en las asambleas populares y en las calles. Ahora más que nunca es urgente que el pueblo conozca y salga en defensa de unas reformas que restituyen su dignidad y sus derechos, y por las que votó mayoritariamente en las anteriores elecciones presidenciales; y lo mismo cabe decir respecto del proyecto sobre el cannabis de uso adulto. Es preciso contrarrestar, con argumentos y manifestaciones masivas, las fuerzas políticas y económicas que se oponen a todo lo que obstaculice sus privilegios y perturbe su hábito de esclavizar a través de la precarización laboral, la desmejora de las pensiones y un sistema de salud que es para el mercado, no para la vida.