REFLEXIONES Y ENSEÑANZAS A DOS AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL

El pasado 28 de abril se cumplieron dos años del inicio del estallido social de 2021 en Colombia. Dado lo significativo de ese hecho para la política y la historia nacionales, consideramos importante adelantar algunas reflexiones y extraer unas enseñanzas en relación con esta que ha sido la más larga y efervescente jornada de movilización social de toda la historia republicana.

En principio, las protestas, que fueron desde finales de abril hasta comienzos de agosto, pusieron en evidencia, por una parte, las enormes desigualdades que han persistido en Colombia durante décadas, y, por la otra, el modo en que se ha descuidado secularmente la responsabilidad social del Estado.

El despertar multitudinario fue convocado por el Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y centrales obreras, al que se sumaron estudiantes, trabajadores de todas las áreas, campesinos, indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBTIQ+, desempleados, transportadores, artistas, feministas, ecologistas, partidos políticos, personas con discapacidad, barras futboleras, amas de casa. Y a pesar de los intentos de muchos medios de comunicación por desacreditarlo, contó con apoyo mayoritario de la población.

El motivo que desencadenó las manifestaciones fue el anuncio del gobierno de Iván Duque de una reforma tributaria, la mal llamada “Ley de Solidaridad Sostenible”, que, siguiendo lineamientos de la banca internacional, buscaba recaudar 23 billones de pesos, para lo cual gravaba con el IVA productos de primera necesidad y servicios públicos básicos. Cada gobierno de turno propone consuetudinariamente reformas como la de Duque que dio origen a este brote de exaltación social, que no es nuevo en nuestro medio, dadas sus problemáticas históricas. Pero el motivo de la indignación iba mucho más allá de la reforma: era un grito de rechazo al deterioro progresivo de la democracia no solo del gobierno Duque, sino de los que le antecedieron.

Las reclamaciones de los manifestantes, que se dieron en medio de la pandemia del covid-19, lo que contribuyó a que se aumentara la tasa de contagios en el país, incluían solicitudes sociales formuladas en el paro nacional de 2019, 18 meses antes, la mayoría de ellos producto de las políticas neoliberales: el aumento de la pobreza, la mala situación de la salud y la educación públicas, el alto costo de la canasta familiar, la precariedad en las condiciones laborales, el desempleo, la desigualdad social, la corrupción administrativa, la violencia hacia la mujer y otros colectivos de género, la migración interna y externa, la discriminación en las cárceles, el incumplimiento a los acuerdos de paz, los rumores de fraude electoral en los comicios presidenciales, la continuidad de masacres y asesinatos de líderes sociales, el anuncio del retorno de fumigaciones con glifosato y el uso de fracking en la extracción petrolera, la compra de material bélico en medio de crisis económica, y la insuficiencia en los auxilios estatales ante la pandemia. A lo que se sumaron las condiciones propias de un régimen político y económico tradicionalmente autoritario y plutocrático, en el que gobierna una minoría oligárquica y desalmada que se autoconcede exenciones y privilegios, para la cual las protestas pacíficas deben ser reprimidas a sangre y fuego, lo cual evidentemente vulnera uno de los derechos humanos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional.

Las movilizaciones antigubernamentales, denominadas también paro nacional, estallido social, o simplemente «el estallido», se expandieron a lo largo y ancho del país y del exterior. Sin embargo, el escenario principal de las protestas, así como el foco de la represión estatal y paraestatal, fue Santiago de Cali, por lo cual se la llamó “capital de la resistencia”. Este protagonismo obedece a siete causas fundamentales: 1. El hecho de que la ciudad de Cali es núcleo de los desplazamientos en el Suroccidente colombiano, situación agravada en los últimos años con la presencia de nuevos actores violentos: bandas criminales, carteles mexicanos, neoparamilitarismo, disidencias de las FARC-EP; 2. La herencia dejada por la subcultura del narcotráfico que la ha convertido en una ciudad sin sentido de pertenencia, con un crecimiento irregular que ha generado asentamientos subnormales, con alta tasa de población afrodescendiente, en los cuales se visibiliza una profunda desigualdad social, configurándola como una urbe clasista, racista y aporofóbica dividida en dos: los desposeídos y la “gente de bien”; 3. La creciente falta de oportunidades (ocupa el segundo lugar a escala nacional en desempleo juvenil); y 4. La ausencia de políticas públicas eficaces durante las últimas administraciones, distinguidas por la corrupción y la falta de inversión social; 5. La vulnerabilidad económica de amplios sectores de la población: la pobreza en la ciudad pasó del 25 % en 2019 al 40 % en 2021, y cerca del 50 % de la economía es informal; 6. Problemas en la calidad, acceso y permanencia de la educación pública, secundaria y universitaria: el 40 % de los jóvenes, 60.000, no termina el ciclo formativo, y Cali ocupa el séptimo lugar en oferta de educación superior; y 7. La inseguridad y la violencia expresadas en los fenómenos de pandillas y bandas criminales especialmente en los barrios de Oriente y Ladera, pues esta ciudad es el centro de operaciones de la economía ilegal del Suroccidente colombiano. Todos estos factores confluyeron para que el levantamiento popular en Cali y sus alrededores fuera más intenso que en otras regiones. Además de los jóvenes, en la capital vallecaucana se involucraron en la protesta otros actores sociales: adultos entre 29 y 65 años, trabajadores formales e informales, algunos profesionales y adultos mayores; y una fracción de ciudadanos de clase alta se expresaron en contra de la movilización, por vías legales e ilegales, como marchas de rechazo a las movilizaciones, borrada de murales, y ataques con armas a los bloqueos, en especial en el sur de la ciudad.

Las actividades del estallido social incluyeron marchas, preparación y repartición de alimentos, realización de murales artísticos, jornadas de pedagogía, asambleas y otros espacios de participación, acciones en internet, bloqueos de vías urbanas e intermunicipales, así como derribo de estatuas en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Pasto, Manizales y Neiva. Hubo enfrentamientos a menudo muy violentos entre manifestantes y agentes estatales. Se presentaron infiltraciones que provocaron vandalismo en propiedades pública y privadas con la consiguiente respuesta armada por parte de civiles.

El abuso de la fuerza y las violaciones a los DDHH arrojaron un saldo de miles de heridos (entre ellos lesionados oculares), centenares de detenidos y desaparecidos, decenas de víctimas de violencia sexual, y cerca de 70 fallecidos, así como múltiples afectaciones a la infraestructura urbana (sobre todo a estaciones de transporte público), saqueos a establecimientos comerciales y bancarios, ataques a instituciones religiosas, vehículos e instalaciones de medios comunicativos. Estas múltiples violaciones humanitarias fueron condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que publicó un informe en el que formula fuertes cuestionamientos al manejo que el gobierno de Colombia dio a las protestas, y denunció que durante estas se identificaron diversas expresiones públicas que estigmatizan a personas pertenecientes a pueblos étnicos, por ejemplo los grupos de civiles armados que de modo indiscriminado dispararon contra la Minga indígena el 9 de mayo en el sur de Cali. Humans Right Watch declaró que la policía nacional fue responsable de al menos 25 homicidios, y denunció torturas, lanzamiento de gases lacrimógenos, y uso de balas de goma y aturdidoras Venon. Por su parte, la ONG Temblores documentó las prácticas de violencia policial, y brindó servicios legales gratuitos a las víctimas.

Hoy, a dos años ya de los hechos, puede decirse que las heridas no han sido sanadas y que el país no se ha recuperado del todo de lo ocurrido durante aquellos más de tres meses de movilización y zozobra. Como afirma un directivo de la ONG Temblores, “Las cosas no se han tranquilizado porque no existe ni una sola condena en contra de los responsables de estos crímenes y las investigaciones están bastante estancadas».

En síntesis, esta movilización social sin precedentes en Colombia puso de manifiesto tanto las formidables problemáticas socioeconómicas no resueltas de la población como las enormes falencias de la democracia en un país cuyo gobierno, como en los tiempos que se suponían superados del estado de sitio, no vaciló en criminalizar la legítima protesta de sus ciudadanos y en ejercer contra ellos la más violenta de las represiones.

El balance positivo, y la gran enseñanza, es que se demostró la capacidad de resistencia y organización de la población, en especial de los jóvenes; se alcanzaron logros concretos como la retirada del proyecto de reforma tributaria, el proyecto de ley de la salud más la renuncia de algunos altos funcionarios; y, quizá lo más importante, se allanó el camino para que ganara las elecciones presidenciales el primer gobierno progresista en 200 años de historia republicana. Las elecciones canalizaron las esperanzas de cambio en muchos sectores, y de manera especial en las juventudes y en las capas más empobrecidas y relegadas de la sociedad que con su apoyo en las urnas apostaron por un cambio rotundo en la orientación del gobierno. Destacamos el proyecto de ley que el ministerio de justicia ha presentado al Congreso para despenalizar la protesta social además de los esfuerzos del gobierno por liberar a los jóvenes de la primera línea que se encuentran privados de la libertad.

El balance negativo es lo que reportan organismos como la CIDH, que denunciaron criminalización de la protesta social por parte del gobierno: el total de muertos, heridos, desaparecidos y presos (algunos de los cuales reclaman su liberación); la impunidad y lentitud en la condena que cobija aún a los cuerpos policiales responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas; y hechos bochornosos e inadmisibles como el del Concejo de Cali condecorando al ESMAD, de espaldas a la afectación de las víctimas y los jóvenes manifestantes, ante lo cual se opusieron muy pocos concejales, entre ellos Ana Erazo y Terry Hurtado.

El espíritu esencial que animó estas jornadas históricas deberá permanecer, y ser canalizado, en estos momentos, a través de distintas acciones colectivas como foros, audiencias públicas, marchas, uso medios alternativos y redes sociales, hacia la defensa activa de las reformas estructurales por las que votamos más de 11 millones de colombianos con la esperanza de que se vean cumplidas las promesas de reformas estructurales y avance social, económico, ambiental, de transición energética justa y paz total expresadas en la campaña presidencial y en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno.

Cali, Colombia, abril 30 de 2023.